Política de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para recopilar información que ayuda a optimizar su visita. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Usted puede permitir su uso o rechazarlo, también puede cambiar su configuración siempre que lo desee. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

Lunes, 27 de junio de 2011   |  Número 13
Acceda a nuestra hemeroteca
EN PORTADA
RICARDO DE LORENZO, EN LOS DEBATES DE SANITARIA 2000
“Ante las agresiones es necesaria una normativa que no permita que existan criterios jurisprudenciales diferentes”
El experto considera necesario que no quepan interpretaciones que hagan diferencias ante la ley

Redacción. Madrid
Las agresiones a los profesionales sanitarios se han convertido en un fenómeno que va en aumento. El número de médicos que han sufrido amenazas, coacciones, insultos y agresiones físicas se ha multiplicado en los últimos años y ha propiciado que, en muchos casos, las víctimas se sientan desprotegidas y no denuncien porque no consideran que esta medida sea efectiva. Los facultativos no creen que la razón se refiera a una mala atención a los pacientes, sino al deterioro de la relación médico-paciente y a que estas personas están descontentas con la atención sanitaria en general, debido a las expectativas generadas. Sin embargo, la concienciación del colectivo en este sentido es esencial para erradicar semejantes acciones. El hecho de que los tribunales tipifiquen la agresión como delito de atentado, cuando se trata de un médico que actúa en el sector público, ha supuesto un primer paso. Aunque los expertos echan de menos una normativa clara, que permita una unificación jurisprudencial sobre el asunto, para que al agresor sea condenado y no haya lugar a interpretaciones que hagan diferencias ante la ley y apuestan por la optimización de los recursos de protección.

Ricardo de Lorenzo, durante su intervención.

Ricardo de Lorenzo, letrado y socio-director del Bufete De Lorenzo Abogados y presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario ha subrayado que “hay que distinguir dos ámbitos temporales en las agresiones a los profesionales sanitarios, ya que antes de 2008 las resoluciones en este sentido eran anecdóticas, mínimas y muy pocas eran ejemplarizantes. Prácticamente las conocemos de memoria, como fue una que condenó a 700 euros de multa a un hombre que agredió a un médico por no prescribirle ansiolíticos”. Sin embargo, a partir de ese año el Tribunal Supremo sienta jurisprudencia, al calificar como delito de atentado (tipificado por el artículo 550 del Código Penal) una agresión a un odontólogo. A partir de entonces, entró en juego la consideración por parte de los tribunales de que un médico que ejerce en el sector público puede ser considerado como funcionario público cuando se dan estos sucesos. Tal y como apunta De Lorenzo, “no es una opinión pacífica de los miembros de la judicatura, ya que en esa sentencia del alto tribunal hubo un voto en contra. Esto ha servido para que las asociaciones, los sindicatos y los colegios profesionales hayan firmado protocolos con las fiscalías a nivel nacional, aunque desde el ámbito jurídico, si bien los fiscales son los que deben promover la defensa de los ciudadanos, después los que lo aplican y establecen las resoluciones son los jueces. Lo que entendíamos que iba a ser una solución por la vía interpretativa para el sector sanitario, comprobamos que no ha resuelto el problema porque no se aplica con carácter general y no tiene difusión en el sector poblacional para saber que hoy una agresión de este tipo no es gratuita, sino que puede conllevar la comisión de un delito de atentado, que supone la privación de libertad. La sentencia a la que he hecho referencia estableció una condena de seis años de prisión y una indemnización de 65.000 euros. Se ha producido un cambio del criterio jurisprudencial pero no está generalizado en todos los tribunales de justicia”.

Implicaciones jurídicas

Ricardo de Lorenzo entiende la frustración de los médicos porque “mientras no se produzca una reforma legislativa clara que proteja tanto al sector público como al privado (porque ahí también se producen las amenazas, los insultos, las coacciones y las agresiones). Desde el ámbito de la judicatura hay una sensibilidad para proteger al profesional, pero al igual que el Ministerio Fiscal es el que debe promover la defensa de la población y de la legalidad, son los jueces lo que tienen que aplicar la ley. Porque a los jueces sólo les vincula el imperio de la ley”. Según el presidente de la AEDS, “con toda esa sensibilidad, a lo más que puede llegar los tribunales de justicia, y lo ha demostrado el Tribunal Supremo, es a interpretar que como el funcionario que trabaja en el sector público realiza funciones delegadas por la Ley General de Sanidad y por el artículo 43 de la Constitución, lo pueden encajar, con votos particulares, como delito de atentado por ser autoridad. Eso está muy bien por parte de los tribunales, pero mientras no se haga una reforma legislativa que permita a los jueces aplicar la letra de la ley, esto no va a desaparecer. Los tribunales han dado un paso mayúsculo al interpretarlo así, aunque sea de una manera desigual, porque también se ha quedado colgando la Enfermería y el sector privado. Pero esta jurisprudencia y estas sentencias no son conocidas por la población, porque no ha habido campañas de concienciación. Mientras no se regule el asunto con una ley clara y concisa difícilmente se solventará”.

Sobre la creación de un registro de agresores, Ricardo de Lorenzo no se ha mostrado a favor porque ”conlleva una conceptuación de un trato diferencial al resto de usuarios. Dudo que se puedan realizar estos registros, porque en otros casos la Agencia Española de Protección de Datos se ha opuesto. La solución es una normativa clara, con condenas y sanciones ejemplarizantes, que sería la mejor medida disuasoria. Y no olvidar que el sistema de salud se compone de una parte pública y otra privada, que en estos momentos no son tratados en igualdad de condiciones. El alejamiento también es complicado porque se produciría una colisión de derechos”.

A modo de conclusión, De Lorenzo ha hecho hincapié en que “las agresiones se han convertido en una epidemia laboral del ámbito sanitario y no distingue el sector público del privado. Todas las iniciativas que se hagan conforme a la legalidad son positivas. Lo que se necesita es una normativa que regule y que no permita que existan criterios jurisprudenciales diferentes y que al agresor sea condenado, porque no quepan interpretaciones que hagan diferencias ante la ley”.

 

| La información que figura en esta edición digital está dirigida exclusivamente al profesional destinado a prescribir o dispensar medicamentos por lo que se requiere una formación especializada para su correcta interpretación |

© 2004 - 2021 Sanitaria 2000, S.L. - Todos los derechos reservados.
agencia interactiva iberpixel.com