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Lunes, 07 de febrero de 2011   |  Número 3
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POR LEY
ecos y comentarios
Ricardo de Lorenzo
EL DERECHO A MORIR

Quizás pueda decirse que si bien una de las promesas electorales que estableció en su día el PSOE fue la regularización de la eutanasia en España, y en este sentido conviene recordar la entrevista en el diario El Mundo del entonces ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, admitiendo como la eutanasia “es una asignatura pendiente en la sociedad española” y que, por lo tanto, en algún momento debe plantearse su legalización, mostrándose partidario de abogar por generar un específico marco legal, la realidad social ha llevado a la sustitución de la posibilidad de que un paciente pueda solicitar terminar con su vida ante una enfermedad irreversible, por la prioridad de los cuidados paliativos a través de la Ley de Muerte Digna, de la que aunque no se conoce el texto, todo indica que pretenderá garantizar los mejores cuidados al final de la vida. Con derechos para los enfermos y también con una mayor seguridad de los médicos.

Ricardo de Lorenzo.

Francia acaba de rechazar, antes de comenzar su debate, el proyecto de ley, que pretendía establecer la regulación legislativa de la eutanasia, mediante la revisión de la Ley actualmente en vigor aprobada en 2005, que prohíbe el "encarnizamiento terapéutico", autorizando que se detenga el tratamiento cuando lo pida el paciente, facultando la receta de sedantes para paliar el dolor aunque estos puedan acarrear la muerte. Sin embargo el propio periódico “Liberatión” recuerda con esta ocasión que cada año, desde hace diez, un grupo de parlamentarios, ya sean de derechas o de izquierdas, presenta una proposición de ley parecida, la última en 2009, sin ir más lejos, fue rechazada por el Parlamento galo.

El artículo de la discordia inicialmente aprobado por la Comisión de Asuntos Sociales y rechazado finalmente en el Senado, literalmente establecía que, "Toda persona, en fase avanzada o terminal de una enfermedad grave e incurable que le cause un sufrimiento físico o psíquico que le sea insoportable, puede pedir asistencia médica a fin de procurarse una muerte rápida y sin dolor"

El razonamiento planteado por el primer ministro, François Fillon, para explicar su oposición al proyecto recogido en una editorial de Le Monde, puede ser muy significativo y desde luego analizable desde nuestra perspectiva cuando afirma que: "La cuestión consiste en saber si la sociedad está en condiciones de legislar la muerte. Creo que ese límite no debe sobrepasarse. Por otra parte, sé que en este debate ninguna convicción carece de sentido". Y añade: "Nuestra estrategia es clara: desarrollar los cuidados paliativos y evitar un encarnizamiento terapéutico". El primer ministro agrega que el texto le parece precipitado, improvisado, que no ofrece garantías y especifica: "Sobre estas cuestiones tan profundas, con resonancias éticas tan profundas, no nos deben guiar ni los sondeos ni el humor del instante".

En el ámbito del Derecho Sanitario, uno de los valores que, de forma sobresaliente, le otorgan a los seres humanos el estatuto de la dignidad lo representa, sin lugar a dudas, la autonomía del paciente, entendida ésta como la capacidad de autogobierno que le permite al paciente elegir razonadamente en base a una apreciación personal sobre las posibilidades futuras, evaluadas y sustentadas en un sistema propio de valores.

Esta autonomía, no obstante, debe tener como complemento a la libertad dado que nadie puede autogobernarse si se le restringe, coarta, soslaya, limita o impide de alguna manera su ejercicio. Sin embargo, y esto también es importante, la autonomía tiene siempre ante sí la frontera que le impone su relación con otra u otras personas, el no causarles perjuicio.

Esta autonomía ejercida en libertad nos otorga el valioso don de elegir personalmente frente a los diferentes y diversos proyectos de vida. La autonomía, entonces, debe facilitarse y garantizarse para todos y, asimismo, como ninguna persona tiene facultades para intervenir de alguna manera en dicha elección, deben establecerse todos aquellos mecanismos necesarios para impedirlo. Y en este sentido creo que el camino es correcto en la línea del testamento vital y la extensión de los cuidados paliativos en la futura regulación de Muerte Digna.

Creo que al igual que en Francia, no es necesario abrir un debate sobre la eutanasia, máxime si nos hacemos eco de la preocupación que realmente suscita el mismo, los temores de una profesión y el confusionismo existente en torno a este debate, motivada por el tratamiento periodístico, que no científico y jurídico, en el que es constante la mezcla de conceptos tales como cuidados paliativos, sedación terminal y eutanasia.

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