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Martes, 03 de mayo de 2011   |  Número 9
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TRIBUNALES
NO ES UNA PRESTACIÓN SANITARIA INCLUIDA EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Deniegan el subsidio por incapacidad temporal por intervención de cirugía estética
Debido a que “no existe enfermedad distinta al proceso de reposo y recuperación que exige cualquier intervención quirúrgica mínimamente agresiva”

Redacción. Barcelona
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha denegado el subsidio por incapacidad temporal a una trabajadora que se sometió a una intervención de cirugía estética.

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Según el fallo del tribunal, la situación de baja médica comenzó tras ser intervenida de una operación de cirugía estética que no guarda relación alguna con accidente o enfermedad o malformación congénita, excluida de la Seguridad Social por lo que no se puede configurar la situación protegida a la que se refiere el artículo 128.1 de la LGSS.

Sin embargo, no se daría la misma situación si se hubieran presentado complicaciones o derivaciones que hubieran hecho necesaria la intervención de la sanidad pública. La sentencia recoge que “si la sanidad pública no ha de asumir estas intervenciones, no debe tampoco soportar los costes económicos que la misma genera como consecuencia del proceso de recuperación”.

Aunque señala que “esta situación de convalecencia posterior a la intervención de cirugía estética puede justificar la baja médica pero no se genera con ello el derecho al percibo del subsidio económico de incapacidad temporal, cuando no hay ninguna enfermedad o dolencia intercurrente distinta del mero proceso de reposo y recuperación que exige cualquier intervención quirúrgica mínimamente agresiva”.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha hecho referencia al criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2007 para justificar la exclusión de determinadas intervenciones quirúrgicas del catálogo de asistencia sanitaria cubierto por la sanidad pública y en la que se analiza la tensión existente entre el factor individual (la salud del ciudadano) y la visión social del problema (la disponibilidad de medios por la entidad gestora y las limitaciones presupuestarias) sobre la base de las previsiones existentes en el derecho positivo, tanto en el Decreto 2766/67, LGSS de 1974 o Ley de Calidad y Cohesión del SNS, que “si bien establece que la prestación de servicios sanitarios habrá de llevarse a cabo en condiciones igualdad, efectividad y calidad con un sentido de aseguramiento integral, universal y público, sin embargo a lo largo de su articulado va precisando los términos de la prestación”.
 

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