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Lunes, 16 de mayo de 2011   |  Número 10
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EN PORTADA
EDUARDO MARTÍN, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE DERECHO SANITARIO
“Las demandas han descendido porque el médico sólo está obligado a poner todos los medios que tiene a su alcance”
Sólo el 7 por cierto de las reclamaciones contra los profesionales prosperan

Ricardo Martínez Platel
Eduardo Martín explica los motivos que llevaron a la creación de la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario, que mantendrá una “estrecha colaboración” con la Asociación Española, presidida por Ricardo de Lorenzo.

Eduardo Martín.

¿Cómo nace la idea de crear la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario?
Fue el presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, Ricardo de Lorenzo en el transcurso de una cena, quién me sugirió la idea de crear la Asociación Andaluza. Más adelante, el propio Ricardo de Lorenzo, a principio de 2011, nos animó a un grupo de profesionales relacionados con el mundo sanitario a constituir una comisión gestora, suscribimos una Declaración de Intenciones, es decir, los motivos y el fundamento para crear lo que hoy, ya es una realidad, la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario.

¿Qué objetivos persigue? ¿Qué papel tendrá usted?
Entre los objetivos de la asociación podría destacar la de favorecer, mediante sus actividades, la organización, promoción, difusión y progreso de estudios e investigaciones relacionados con el Derecho Sanitario y con la salud, su protección y su estudio en relación con las normas jurídicas. Asimismo otros de los objetivos es la de emitir informes, evacuar consultas, promover actividades y, en general, colaborar con las Administraciones Públicas, organismos consultivos y otras entidades públicas y privadas en el progreso del Derecho Sanitario, la organización de jornadas y a medio/ largo plazo organizar el primer Congreso de derecho sanitario andaluz.

Mi papel como presidente será el que marca los Estatutos de la Asociación, es decir, ostentar la representación legal de la misma y actuar en su nombre ejecutando los acuerdos de la Junta Directiva y, en su caso, de la Asamblea General.

¿Qué relación tendrá con la Asociación Española de Derecho Sanitario?
Aunque la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario tiene independencia propia en su actuar y en la propia organización y toma de decisiones, no debemos olvidar, cómo no puede ser de otra forma, a la Asociación Española, mantendremos una estrecha colaboración, esperemos contar con su apoyo y ayuda en los eventos y actividades que organicemos, lo mismo que la Asociación que presido está dispuesta a colaborar en los que nos solicite la Asociación Española.

¿Cómo valora la actividad que ha desarrollado la Asociación presidida por Ricardo de Lorenzo desde sus inicios?
Extraordinariamente positiva. Hablar de la Asociación Española de Derecho Sanitario es hablar de Ricardo de Lorenzo. Y hablar de Ricardo de Lorenzo, es hablar de Derecho Sanitario. Ricardo es considerado, por muchos profesionales del sector sanitario, el “padre” del Derecho Sanitario español. Y esto lo avala el hecho que desde la constitución de la Asociación Española de Derecho Sanitario haya permanecido como presidente hasta nuestros días. Además, ha sabido rodearse en la junta directiva y en la comisión científica de prestigiosos profesionales que hacen de la Asociación Española un verdadero referente en el mundo sanitario. La cita en el mes de octubre del Congreso de la Asociación Española es encuentro ineludible para cualquier profesional del sector sanitario.

¿Cómo comenzó a adentrarse en el mundo del Derecho Sanitario?
Fue a principios de 1990, en el ejercicio de mi profesión, cuando empecé a contactar con el Derecho Sanitario. Me encomendaron distintos asuntos de responsabilidad médica y de oficinas de farmacia y pude apreciar la complejidad, y a la vez, lo apasionante de este mundo, con un verdadero cuerpo doctrinal y jurisprudencial en esta materia. Cómo tuve éxito en los encargos profesionales que me encomendaron tuve la oportunidad de seguir en permanente contacto con el sector jurídico-sanitario.

En los años 80 y 90 el Derecho Sanitario vivió su periodo de explosión y actualmente está en una etapa más reflexiva y de mayor asentamiento.
Quizás en los años 80 y 90 el Derecho Sanitario vive un período de estallido porque en estos años se tramita y se aprueban leyes muy importantes en el ámbito sanitario, como la Ley General de Sanidad (1986), la Ley del Medicamento de 1990. Se inicia las primeras reclamaciones contra médicos, se obtienen indemnizaciones sustanciosas y empieza a correr como la pólvora la idea que, ante cualquier incidencia en la actuación de un profesional sanitario, se puede obtener una suculenta indemnización. Actualmente, los jueces y tribunales han atemperado mucho esta idea, el concepto de “lex artis ad hoc”, la idea de que el profesional sanitario no está obligado a curar si no a poner todos los medios que tiene al alcance y disposición del enfermo, los protocolos de actuación, la doctrina jurisprudencial emanada desde hace años, han hecho que las reclamaciones contra los profesionales hayan descendido. Sólo un 7 por cierto de las reclamaciones contra los profesionales prosperan. Por eso, tal vez nos encontremos en una etapa más reflexiva y de mayor asentamiento en el Derecho Sanitario.

¿Desde los comienzos ha cambiado mucho la relación médico-paciente?
Ha cambiado mucho, y a peor. Ha dado un giro coperniquiaco. Desde antaño la relación médico- paciente era de total y absoluta confianza. Pero a partir de mediados de los años 80 esta relación de confianza quiebra. El paciente ve a su médico no como un amigo- profesional, sino como un profesional obligado a sanarle. Y si no obtiene la sanidad, la reclamación judicial se interpone en los juzgados. Hace unos años era impensable lo que estamos viviendo en la actualidad: las agresiones que sufren los profesionales sanitarios por parte de los enfermos o familiares de enfermos.

¿Cuáles serán los temas más candentes en los próximos años del Derecho Sanitario?
Los temas más candentes de los próximos años podría ser cuestiones derivadas de los fenómenos constitucional y comunitario en la elaboración de normas sanitarias; las peculiaridades de la huelga, de sus relaciones con los ciudadanos y la salud; la cuestión de la responsabilidad de las profesiones sanitarias, que constaba, por un lado, de la configuración de los servicios sanitarios como un bien de consumo y ciertos cambios de mentalidad y, por otro, los progresos de la tecnología, la afirmación del principio de autonomía, una cierta crisis de la relación médico-paciente y la influencia de factores económicos extraños al quehacer sanitario, pero que repercuten en la toma de sus decisiones; la eutanasia y la muerte digna, como objeción de conciencia, referida exclusivamente al marco sanitario; en fin los trasplantes de órganos, la esterilización, la experimentación en seres humanos, la fecundación "in vitro", la ingeniería genética, los derechos y deberes de usuarios y pacientes, la responsabilidad de los farmacéuticos en su actuación de la cadena terapéutica, desde la actividad orientada a la administración, custodia, almacenamiento o conservación del medicamento, hasta la actividad orientada a la dispensación, formulación magistral, consulta farmacéutica, formación en uso racional del medicamento, farmacovigilancia, etc.

Quisiera destacar, uno en especial, al que me refería con anterioridad en la influencia de factores económicos extraños al quehacer sanitario, pero que repercuten en la toma de sus decisiones. Las Administraciones Públicas están tomando medidas económicas para reducir el gasto y obtener una mejor financiación de los recursos sanitarios. Por ejemplo, ha decidido reducir el número de profesionales en los servicios de urgencias y eso puede dar lugar a un incremento del número de reclamaciones judiciales contra la Administración ante una demora de asistencia en los mencionados servicios.

¿Qué opina del aumento del número de comités de ética?
Como es sabido, la Ética y el Derecho son dos disciplinas que tratan de resolver conflictos individuales, diferenciándose en que el Derecho se
aplica coactivamente, condición ésta que no sucede en el caso de la aplicación de las normas éticas. En esa resolución de conflictos
individuales, tanto la Ética y el Derecho actúan como círculos concéntricos, de tal manera que, en ciertas ocasiones, la regulación jurídica de una determinada materia obedece a una modificación de las convicciones éticas de la sociedad y, desde esta perspectiva, el proceso legislativo sirve como cauce del progreso ético, bien porque recoja tal progresión ética, bien porque la propicie. Existen también ocasiones en que, ante la falta de regulación jurídica de una determinada materia, la Ética se aplica para llenar las lagunas del Derecho.

En base a lo anteriormente expuesto, no tengo una actitud negativa ante el incremento de los comités de ética como instancias de análisis de los problemas individuales en todos los ámbitos de lo que se ha venido a denominar como "Bioderecho" (investigación biomédica, extracción y trasplante de órganos...) derivando, en mi opinión, este incremento de los Comités del, cada vez, más amplio ámbito de aplicación de la Ética y del Derecho aplicados a la Medicina.

Muchas veces se critica que dichos comités no tengan mayor peso específico y que se conviertan en figuras decorativas.
Partiendo de la diferencia principal entre Ética y Derecho que he señalado anteriormente, que se fundamenta en la aplicación coactiva de las normas jurídicas frente a las normas éticas, es difícil que las decisiones que se adopten en el seno de los Comités de Ética tengan que ser observadas en todos los casos por los destinatarios de las mismas, cuestión ésta que no suele suceder con las normas jurídicas, que pueden interpretarse en diversos sentidos, pero que, finalmente, se aplican en el sentido que entiende correcto el operador jurídico. Esto, sin embargo, no debe ser un obstáculo para que los Comités de Ética puedan tener un mayor peso específico ya que, lo verdaderamente importante, en mi opinión, para que los Comités de Ética adquieran la importancia debida viene determinado por la calidad científica de los integrantes de dichos Comités y por la calidad material y el acierto en la adopción de las decisiones respecto a las cuestiones que se les sometan.

¿Qué opina de que últimamente en este terreno exista “intrusismo” por parte de personas procedentes de la sociología, la psicología y quizás deberían estar más vinculados al Derecho?
Los conflictos individuales pueden tratar de resolverse desde diversos ámbitos, como acontece con las disciplinas que se enumeran en la pregunta. Lo importante, para resolver tales conflictos, es el equilibrio entre todas las disciplinas a través de cuyos métodos puedan abordarse aquellos, ya que, si se trata de abordar la problemática desde la perspectiva de una sola de esas disciplinas, se podría tachar de "reduccionista" el método empleado y, si se aborda el problema desde todas y cada una de las posibles disciplinas que pueden abordarlo, estaríamos en el caso opuesto, es decir, ante un "generalismo" que, quizá, haría perder la perspectiva adecuada.

En todo caso, y en mi opinión, la actual producción normativa sobre el Derecho Sanitario, exige que, al menos alguno de los miembros del Comité de Ética, sea experto en el conocimiento y en la praxis del Derecho Sanitario.

El número de demandas relacionadas con la falta de información ha crecido notablemente respecto a las reclamaciones por mala praxis. ¿A qué se debe?
Seguramente porque en la mayoría de las veces no existe mala praxis en la actuación de los profesionales sanitarios como se cree en ocasiones. Los mayoría de los profesionales sanitarios son grandes expertos en sus materias, que han superado pruebas duras y su preparación y formación son de un gran nivel, actúan guiado por protocolos establecidos Los usuarios tiene la creencia de que el profesional está obligado a curar, cuando ello no es así. Por eso, al iniciar las reclamaciones por esta vía, (mala praxis) ven archivadas sus denuncias o fallidas las demandas. Actualmente los Tribunales consideran que la falta de información es una vulneración de la “lex artis ad hoc” y contempla indemnizaciones por error o una deficiente información dada al paciente. Por este motivo el consentimiento informado está tomando gran auge y consideración.

¿El aumento de demandas contra el colectivo médico ha propiciado que se lleve a cabo una “medicina defensiva”?
Así es. La medicina defensiva como práctica médica por la que solicita a las pacientes, análisis, pruebas diagnosticas, o consultas, innecesarias, para cubrirse de futuras reclamaciones legales, ocasiona un sobre coste económico y un retardo en intervenciones quirúrgicas. Esta práctica puede hacerse extensiva a ciertas acciones terapéuticas, sobre todo en especialidades como Obstetricia. El miedo a una reclamación hace que algunos profesionales practiquen la medicina defensiva. Según los últimos datos, el 15 por ciento de los médicos se han visto involucrados en reclamación judicial, y en especialidades como ginecología, hasta un 30 por ciento. Existen casos sangrantes y rechazables desde todo punto de vista, como el del enfermo que amenazó a un facultativo con propagar mala publicidad de su persona y con demandarle si le alteraba el curso del tratamiento, o el del enfermo de cefalea que amenazo con demandar al médico o si no le remitía al neurólogo. Estos comportamientos son signos evidentes de la falta de valores de la que adolece una parte de la sociedad española, la del respeto y confianza en los profesionales.

Si nos ceñimos a las cifras, no es justificable si tenemos en cuenta el número de denuncias y la cantidad de actos asistenciales que se realizan.
Por supuesto, a nivel nacional de todas las reclamaciones judiciales del 2010, sólo un 7 por ciento prosperaron. En Andalucía son millones de actos médicos los que se producen al cabo del año y según datos oficiales, en el 2009 prosperaron algo más de 1500 reclamaciones, lo que indican un pequeño porcentaje.

También ha aumentado la violencia contra los médicos, ¿cree que están suficientemente protegidos?
Los Colegios Profesionales han sabido actuar rápidamente al acordar con el Ministerio Público y con los jueces y tribunales la consideración del profesional sanitario que trabaja en el Sistema Público como autoridad pública, lo que agrava el actuar de un sector minoritario de usuarios del Sistema Público de Salud, al considerar esta actuación como delito y no como falta.

 


 

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