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Lunes, 09 de enero de 2012   |  Número 24
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ética y deontología
Después de que TSJ de Madrid denegara las medidas cautelares solicitadas
El Colegio de Médicos de Toledo continúa su ofensiva en defensa de la objeción de conciencia al aborto
Solicita la suspensión de los artículos 55.1 y 55.2 del Código de Deontología Médica de la Organización Médica Colegial

Redacción. Toledo
El Colegio Oficial de Médicos de Toledo, que preside Luis Rodríguez Padial, se encuentra a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se pronuncie sobre su recurso emprendido contra aspectos del artículo 55 del Código Deontológico de la Organización Médica Colegial, relacionados con la objeción de conciencia de los médicos en los casos de dar información sobre la práctica del aborto, tras su negativa a la medida cautelar solicitada por la institución colegial de suspender dichos puntos del Código hasta que se emita la correspondiente sentencia.

Luis Rodríguez Padial.

El Colegio de Médicos de Toledo, también interpuso un recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, frente a determinadas disposiciones de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en el mismo sentido, dándole el tribunal la razón, al reconocer el derecho de objetar de los médicos, como derecho fundamental.

La defensa de la organización colegial toledana del derecho a la objeción de conciencia de los médicos en relación a las prácticas abortivas abarca todos los frentes, al considerarlo un derecho irrenunciable de la profesión médica, que entronca en la base misma de los derechos fundamentales de la persona, amparados por la Constitución Española, y la legislación internacional.

En este sentido, el Colegio de Médicos de Toledo tiene el firme propósito de que sean cuales sean los diferentes dictámenes judiciales sobre el caso que se vayan produciendo, u otros que pudieran acontecer, aplicar todo el esfuerzo y medios de su departamento jurídico en cuantos recursos o demandas fuesen necesarios para lograr la garantía y reconocimiento de este derecho fundamental, en cualquier tribunal que de lugar.

 

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