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Lunes, 24 de octubre de 2011   |  Número 19
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ÉTICA Y DEONTOLOGÍA
EJERCICIO DE LA LIBERTAD IDEOLÓGICA
El Comité de Bioética de España reconoce la conveniencia de regular la objeción de conciencia
Con dicha regulación se garantizaría los derechos de los usuarios y pacientes del sistema público y se aportaría seguridad jurídica a los objetores y centros sanitarios

Redacción. Madrid
El Comité de Bioética de España reconoce la conveniencia de proceder a una regulación del ejercicio de la objeción en el ámbito sanitario. Esta postura ha sido elaborada tras analizar con detalle los argumentos y valores que están en juego en la objeción de conciencia, así como los derechos que entran en conflicto y que pueden verse vulnerados y concluye que dicha regulación es necesaria para garantizar los derechos y deberes de los pacientes del sistema público, aportar seguridad jurídica a los objetores y centros sanitarios y establecer cuándo la objeción de conciencia responde realmente al ejercicio de la libertad ideológica y religiosa protegida por la Constitución.

Foto de grupo del Comité de Bioética de España.

Esta opinión sobre la materia se deriva de las competencias que le otorga la Ley de Investigación Biomédica y ratifica la idea contenida en la “Opinión sobre la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, en cuyo capítulo de recomendaciones se establecía la urgencia de desarrollar el ejercicio de la objeción de conciencia de acuerdo con los puntos subrayados a propósito por la citada Ley Orgánica.

El documento que ahora se presenta considera el texto jurídico de la objeción de conciencia a partir del principio constitucional que reconoce el derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa. Reconoce que el desarrollo legislativo hasta la fecha se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre la pertinencia o no de la objeción en el ámbito sanitario, sin llegar en ningún momento a establecer el marco prescriptivo para el ejercicio de la misma. La entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2010 ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar la cuestión, no sólo para el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, sino para el conjunto de situaciones que deben afrontarse en el ámbito del sistema sanitario público.

Como conclusión a las consideraciones previas, el Comité de Bioética de España recomienda que la regulación de la objeción de conciencia tenga en el ejercicio de la objeción de conciencia es individual y no cabe ejercitarlo de forma colectiva, que los centros concertados no puedan esgrimir la objeción de conciencia de forma institucional, que el sujeto de la objeción debe ser el implicado en la prestación, que la objeción debe ser específica y referida a acciones concretas y que los centros sanitarios públicos deberán tener los datos relativos a los objetores.

Además, pretenden que se acepte la objeción sobrevenida y la reversibilidad de la objeción de conciencia, que la coherencia de las actuaciones del objetor en relación con su ideología y creencias deberá poder ser constatada en el conjunto de su actividad sanitaria y que no será incompatible con el reconocimiento de la objeción de conciencia que el legislador proponga una prestación sustitutoria.

Hay que recordar que en la sesión científica de la Real Academia Nacional de Medicina del 24 de noviembre de 2009, Ricardo de Lorenzo presentó en su discurso la solicitud de su regulación por vía de Ley Orgánica, se tituló “El Derecho a la Objeción de conciencia”. De Lorenzo expuso que “la naturaleza jurídico-constitucional de la objeción de conciencia sanitaria es la de un derecho fundamental, que forma parte del contenido esencial de las libertades del artículo 16 de la Constitución (libertad ideológica y religiosa) y más en concreto de la libertad de conciencia, como núcleo común de ambas libertades. En ausencia de regulación legal sobre objeción de conciencia sanitaria, la eficacia constitucional directa de los derechos fundamentales, debiera traducirse en una protección suficiente y efectiva del derecho de objeción de conciencia sanitaria. Sin embargo, no es ésta la realidad, no percibiéndose con claridad en los medios jurídicos, lo que genera en estos momentos gran inseguridad”.

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