Política de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para recopilar información que ayuda a optimizar su visita. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Usted puede permitir su uso o rechazarlo, también puede cambiar su configuración siempre que lo desee. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

Lunes, 18 de abril de 2011   |  Número 8
Acceda a nuestra hemeroteca
TRIBUNALES
No puede alegarse el consentimiento de forma tácita
El Estado podría ser responsable directo si el paciente no recibe la información necesaria sobre una intervención
El Constitucional ha otorgado el amparo a un afectado ya que considera que se ha "vulnerado su derecho a la integridad física"

Ricardo Martínez Platel / Redacción. Madrid
Los Estados deben imponer normas precisas para que los médicos informen convenientemente a sus pacientes sobre las consecuencias de una intervención. De este modo, los afectados podrán consentir la operación con conocimiento de causa. En el caso de que se consumara un riesgo previsible sin que el enfermo haya sido informado por el facultativo, el Estado podría llegar a ser directamente responsable, según el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, tal y como queda reflejado en una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional.

Tribunal Constitucional.

El fallo ha otorgado el amparo a un paciente que fue sometido a una cirugía, tras la cual sufrió una incapacidad funcional total en su mano derecha, sin haber recibido un consentimiento previo sobre los riesgos de la intervención, ya que considera que se ha "vulnerado su derecho a la integridad física".

El derecho del paciente a cualquier intervención sobre su persona es algo inherente a su derecho fundamental a la integridad física. Se trata de una capacidad de autodeterminación que le legitima para decidir libremente sobre las medidas terapéuticas y tratamientos que pueden le pueden afectar, escogiendo entre las distintas posibilidades. Según el Tribunal Constitucional la opción de decidir libremente entre consentir el tratamiento o rehusarlo es la manifestación más importante de todos los derechos fundamentales que pueden resultar afectados por una intervención médica. Esta posibilidad ya ha sido admitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En este caso concreto, el paciente ingresó en 2005 en la Clínica Vicente San Sebastián de Bilbao con dolor precordial y fue sometido a un cateterismo cardiaco en el que se le encontró una lesión severa en una coronaria. Tras la intervención sufrió una inflamación y un hematoma en la mano que derivó posteriormente en una incapacidad funcional total.

El paciente solicitó una indemnización por daños y perjuicios porque no le informaron antes de la operación de los riesgos y consecuencias. Ni el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Bilbao, ni la Audiencia Provincial de Vizcaya dieron la razón al demandante, ya que consideraron que la falta de información estaba justificada por haber sufrido 11 años antes otro cateterismo y porque la prueba "se hizo en un momento en el que existía riesgo vital".

Ahora el Tribunal Constitucional ha dictaminado que la asistencia recibida no fue suficiente para responder a su derecho a prestar un consentimiento debidamente informado y que las resoluciones judiciales impugnadas que rechazaron su demanda se atuvieron a criterios no previstos legalmente (edad u otra intervención idéntica practicada once años antes) a la hora de ponderar las circunstancia del caso, "e interpretando y aplicando las normas concernidas de manera contraria a la mayor efectividad del derecho".
 

| La información que figura en esta edición digital está dirigida exclusivamente al profesional destinado a prescribir o dispensar medicamentos por lo que se requiere una formación especializada para su correcta interpretación |

© 2004 - 2021 Sanitaria 2000, S.L. - Todos los derechos reservados.
agencia interactiva iberpixel.com