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Lunes, 22 de octubre de 2012   |  Número 34
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XIX CONGRESO NACIONAL DE DERECHO SANITARIO
NOVEDADES JURISPRUDENCIALES EN MATERIA SANITARIA
El estándar de exigencia lo marca la lex artis tanto en lo Contencioso como en lo Civil
Alfonso Atela modera una mesa con magistrados de diferentes Tribunales Superiores de Justicia

Ricardo Martínez Platel. Madrid
Como cada año el Congreso Nacional de Derecho Sanitario ha analizado las novedades jurisprudenciales en materia sanitaria, en los ámbitos civil, penal y administrativo, pero esta vez, tal y como ha asegurado el moderador de la mesa Alfonso Atela, "desde una perspectiva más cercana" porque en algunas salas del Supremo apenas se genera jurisprudencia.

César Tolosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria; Rafael Fonseca, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias: el moderador Alfonso Atela; Alfonso González-Guija, magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya: y Ricardo Rodríguez, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Así, César Tolosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, ha comentado problemas jurisprudenciales de esta región "que son trasladables al resto de comunidades". Antes se planteaban las reclamaciones por vía Penal, como alternativa indirecta de camino a la indemnización, ya que era una opción más rápida y se sometía al médico a "más presión" y en muchos casos las compañías aseguradoras pagaban para evitar esta circunstancia. Sin embargo, como ha señalado Tolosa "esto ha cambiado". En ocasiones el problema era el criterio de imputación que se utilizaba. En la actualidad existe una convergencia en los criterios de imputación, debido a que tanto en lo Contencioso como en lo Civil el estándar de exigencia lo marca la lex artis. El presidente del TSJ cántabro ha reconocido que en la carga de la prueba se ha generalizado el principio de la facilidad de la carga probatoria, que en adelante los formularios de consentimiento informado van a tener un peso importante desde el punto de vista probatorio y que la diferencia entre la medicina curativa y la satisfactiva se ha reducido, ya que ahora se considera como un contrato de arrendamiento de servicios, por lo que se rigen por los mismo criterios de imputación.

Por su parte, Rafael Fonseca, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha apuntado que las reclamaciones por responsabilidad en el ámbito sanitario es cierto que han aumentado, que se ha mantenido en 2011, respecto a las cifras de 2010, pero ha habido un repunte en los siete primeros meses de 2012. Fonseca considera que es debido al nivel de exigencia que tiene el paciente sobre el sistema público, que a pesar de ello "funciona bien". También ha querido recordar que el médico solo tiene obligación de medios, que no de resultados. Asimismo, ha planteado cuestiones delicadas como es que del  mismo supuesto haya dictámenes médicos muy diferentes, que obligan a los jueces a buscar matices para ver que informe pericial está más fundamentado. En cuanto a la responsabilidad por omisión, Fonseca ha señalado que se produce cuando la Administración tiene el deber jurídico de actuar y no lo hace, que en ámbito sanitario sucede cuando no se toman las medidas de seguridad pertinentes o no se ofrecen tratamientos para enfermos mentales, citando estos dos casos como ejemplos, aunque como ha confirmado "puede presentarse en cualquier ámbito de la sanidad".

Ricardo Rodríguez, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha querido lanzar un mensaje tranquilizar a los facultativos, ya que de cada cien querellas por imprudencia , sólo se tramitan el 10 por ciento, de las cuales solo entre 0,3 y el 0,5 por ciento son sentencias condenatorias. Rodríguez ha aclarado que un error de diagnóstico, si se han realizado las pruebas pertinentes, no se considera imprudencia y que solo suele darse ante "la inexcusable y falta injustificada de pericia".

Por último, Alfonso González-Guija, magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya, ha citado como ejemplo el caso de una lesión cervical que acabó con la tetraplejia del paciente. No existió infracción de la lex artis, pero hubo falta de consentimiento informado y se condenó al pago de 10.000 euros por daño moral. Revocada la sentencia, la indemnización pasó a ser de 500.000 euros para el paciente y de 19.000 para su familia. Las partes condenadas presentaron un recurso de casación, en un tema de daño corporal que se trató como daño moral. Así la Audiencia reconoció que no hubo infracción de la lex artis, que se hizo todo bien y rebajó a la mitad la indemnización. González-Guija ha puntualizado que este caso demuestra que "el daño moral no es independiente del corporal" y que hay que ponderar las circunstancias de cada caso.
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