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Lunes, 19 de noviembre de 2012   |  Número 36
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TRIBUNALES
AL TRATARSE DE UNA CAMPAÑA PROMOVIDA POR LA ADMINISTRACIÓN
El paciente no tiene el deber jurídico de soportar el daño causado por una vacuna
La información excesiva de los riesgos sería un factor disuasorio a la adhesión

Ricardo Martínez Platel. Madrid
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por un paciente que, como consecuencia de la dispensación de una vacuna contra la gripe sufrió el síndrome Guillain-Barré, padece una grave disfunción funcional por la que se le ha concedido la invalidez absoluta. La obligación de soportar el daño sufrido no puede imputarse al perjudicado, ya que no tiene el deber jurídico de soportar el riesgo que objetivamente debe asumir la sociedad en virtud del principio de solidaridad al encuadrarse dentro de una campaña general de vacunación.

La sentencia cataloga como una reacción impredecible o remota, por lo que no se ofreció información sobre ella, pesa a que estaba basada en evidencias ciertas y contrastables. Generalmente , es suficiente con que en el acto de la inoculación del virus se advierta verbalmente a la persona que lo recibe de aquellas consecuencias leves que pueden presentarse y que desaparezcan en breve espacio de tiempo y se indique los medios para paliar sus efectos.

El Tribunal Supremo tiene declarado que la información no puede ser ilimitada, infinita, sino que debe ser acorde tanto a la clínica planteada como también al acto a plantear, entendiendo que un exceso lo que produciría sería el efecto contrario, puesto que la medicina no es un ciencia exacta. La sentencia reconoce que la información debe ser completa, pero proporcionada y acorde, rigurosa y adaptada al receptor.

El texto judicial recuerda que una campaña de información masiva antigripal que se realiza anualmente, determina en la población un efecto preventivo y beneficioso. El contenido concreto de la información transmitida al paciente para obtener su consentimiento puede condicionar su elección o el rechazo de una determinada terapia por razón de sus riesgos, pero está acreditado que la vacunación no debe generar más que simples molestias totalmente conocidas por la población. De esta manera, el alto tribunal reconoce el derecho del paciente a ser indemnizado con 468.699,42 euros como resultado de las sumas que corresponden al periodo de estabilización de las lesiones, secuelas e incapacidad permanente absoluta. 

 

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