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Martes, 26 de julio de 2011   |  Número 15
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TRIBUNALES
CONFIRMA UNA SENTENCIA DEL TSJ DE ARAGÓN
El Supremo condena por no poner los medios adecuados para controlar una infección
No se le practicó al enfermo un cultivo bacteriológico hasta el noveno día, cuando la herida supuraba desde el séptimo

Redacción. Madrid
El Tribunal Supremo ha condenado al Gobierno de Aragón a indemnizar a un enfermo con 300.000 euros por no haber puesto los medios adecuados para controlar una infección que cogió tras ser operado en un hospital de Zaragoza, en noviembre de 1998, y que le ha provocado numerosas secuelas. El paciente fue operado de una llaga cancerosa en la lengua, efectuándosele una hemiglosectomía asociada a mandibulectomía alveolomaxilar y vaciamiento radical derecho por carcinoma epidermoide de estructuras linguales y mandibulares.

Tribunal Supremo.

Durante el período postoperatorio se presentó un proceso de necrosis con presencia, entre otros, de la bacteria 'proteus mirabilis', que produjo al paciente una infección. La cicatriz de la operación se extendió hasta el pecho y axila, y a lo largo de toda ella la infección, que llegó al cerebro y al nervio óptico. En la actualidad, el paciente necesita supervisión y asistencia continuada, siendo incapaz de razonar, abstraer, cuidar y valerse por de sí mismo y de sus intereses, impidiendo su vida social y profesional.

Entre sus limitaciones están la pérdida de vista, sólo percibe sombras, el deterioro del cerebro, incapacidad de ambos brazos o incontinencia fecal. Le ha sido reconocido un grado de minusvalía del 92 por ciento y se encuentra bajo la tutela de su esposa. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), en una sentencia de 27 de febrero de 2007 se indicaba que: "la Administración no ha probado que hubiese actuado con la diligencia exigible en orden a evitar la infección hospitalaria. No se le practicó al enfermo un cultivo bacteriológico hasta el día 9, cuando ya el día 7 por la tarde se había observado que la herida supuraba un poco".

Así, fue condenada la Diputación General de Aragón a abonar la cifra de 180.303,63 euros más intereses desde el 28 de diciembre de 2001, fecha de presentación de la reclamación administrativa, y costas procesales. Frente a esta sentencia, el Gobierno de Aragón, interpuso un recurso de casación ante el Supremo. Finalmente, el TS ha desestimado los argumentos del Gobierno de Aragón, condenándole al pago de las costas. Por tal motivo, el Gobierno de Aragón deberá abonar al paciente alrededor de 300.000 euros derivados de sumar a la cifra inicial 180.000 euros los intereses de 10 años y las costas procesales.

 

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