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Martes, 11 de enero de 2011   |  Número 1
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Conocían las características del producto y su peligrosidad
El Supremo rechaza un recurso de Uralita para no indemnizar a un trabajador por los daños del amianto
Se cierra la puerta a nuevos recursos que puedan presentarse contra resoluciones similares

Redacción. Madrid
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por Uralita contra una sentencia que condenaba a la empresa a indemnizar los daños y perjuicios derivados causados a un trabajador afectado por el amianto.

Antigua fábrica de Uralita en Cerdanyola del Vallès.

La sentencia se refiere al caso de un trabajador que trabajó en el centro de Cerdanyola del Vallès entre marzo de 1946 y enero de 1959. Desde 1993 era beneficiario de una pensión de jubilación y años después se le declaró una incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad profesional por inhalación intensiva de fibras de amianto.

Según el fallo, los medios de transmisión que han causado la enfermedades de los trabajadores abarcan desde las emisiones de la fábrica en forma de polvo de amianto, la manipulación de las ropas de los trabajadores por parte de sus familiares en sus domicilios y la contaminación derivada de la degradación de depósitos de residuos derivados de la propia actividad industrial.

En su día, el texto fue contundente y aseguró que "es claro" que los vecinos enfermaron a causa de la actividad de la fábrica. Por este motivo, el fallo determinó que Uralita debía indemnizar a los demandantes con cuantías de entre 43.079 y 470.756,05 euros, a pesar de que la empresa cumpliera con la normativa de prevención y de que los damnificados no fuesen sus trabajadores.

Sin embargo, Uralita recurrió, pero el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso al considerar que "no puede aceptarse que la empresa desconocía las características del producto y su peligrosidad, ni menos aún que no existiera normativa en materia de prevención".

Tras esta decisión, la resolución que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convierte en firme y cierra la puerta a nuevos recursos que puedan presentarse contra resoluciones similares, según el Col•lectiu Ronda, el despacho de abogados que defiende a los afectados.

 

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