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Lunes, 19 de diciembre de 2011   |  Número 23
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TRIBUNALES
La Orden TAS/893/2005 desconocía las incumbencias autonómicas
El TC estima la vulneración de competencias de Cataluña sobre la concesión de subvenciones de asistencia social
El Estado solo puede gestionarlas cuando ostente algún título competencial sobre el asunto

Ricardo Martínez Platel. Madrid
El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el conflicto de competencia en relación con la Orden TAS/893/2005. El alto tribunal declara la vulneración de las competencias de la Generalitat de Cataluña sobre las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del área de servicios sociales, familias y discapacidad, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

Tribunal Constitucional.

Las partes del proceso coinciden al afirmar que se trata de subvenciones dirigidas a financiar programas de asistencia social y se constata que esta materia aparece en el artículo 148.1.20 de la Constitución Española y es competencia posible de las CCAA, habiendo sido efectivamente asumida por la comunidad autónoma con carácter exclusivo, de acuerdo al artículo 166 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Competencia que “no impide el ejercicio del Estado, cuando éstas concurran con las autonomías sobre el mismo espacio físico”.

La doctrina reitera que “el poder del gasto del Estado no puede concretarse y ejercerse al margen del sistema constitucional de distribución de competencias”. Cuando las comunidades tienen incumbencias exclusivas sobre la materia en que recaen las subvenciones, éstas pueden ser gestionadas excepcionalmente por el Estado, con la consiguiente consignación centralizada de las partidas presupuestarias en los presupuestos generales del Estado. Ello sólo es posible cuando el Estado ostente algún título competencial sobre la materia y que resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute de sus potenciales destinarios en todo el territorio nacional.

El fallo del Constitucional señala que los fondos de estas subvenciones deberían haberse territorializado en los propios presupuestos generales del Estado o, en su defecto, “por normas inmediatamente posteriores o por convenio”. Por tanto, la territorialización de estas ayudas, al no haberse hecho por convenio, debería haberse realizado a través de la propia orden impugnada, pero ésta desconoce las competencias autonómicas.

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