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Lunes, 07 de marzo de 2011   |  Número 5
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TRIBUNALES
Hasta ahora el servicio lo realizaba el Igualatorio Médico
El TSJ de Cantabria reitera que la asistencia sanitaria de los funcionarios la debe prestar la Seguridad Social
Desestimado un recurso contra la resolución del Ayuntamiento de Reinosa

Redacción. Santander
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha ratificado el acuerdo que adoptó el pleno del Ayuntamiento de Reinosa en noviembre de 2008 para aprobar la asistencia sanitaria de sus funcionarios por la Seguridad Social en lugar del Igualatorio Médico, como se venía haciendo.

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado un recurso contra la resolución del Ayuntamiento de Reinosa por la que se acordó aprobar la prestación y cobertura por la Seguridad Social de la asistencia sanitaria de los funcionarios.

Ese servicio lo venía prestando el Igualatorio Médico, y el recurso, que promovieron unos funcionarios, pedía que se obligara al Ayuntamiento a continuar la asistencia sanitaria mediante un concierto con esa entidad.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC señala que ya resolvió las cuestiones que recoge este recurso en una sentencia anterior, de marzo de 2010. Por ello, subraya que, aplicando los principios de unidad de doctrina y seguridad jurídica, se debe dar la misma respuesta que en ese recurso anterior y reproduce los argumentos que ya esgrimió entonces.

En primer lugar, la Sala ratifica que el pleno es competente para adoptar esa decisión, puesto que el Ayuntamiento tiene la potestad de decidir la forma en que han de organizarse y prestarse sus servicios. Y advierte de que es "contradictorio" poner en cuestión la competencia del pleno sobre este asunto, tal y como hacían los funcionarios, cuando en su recurso se defendía la validez de un acuerdo adoptado por este mismo órgano municipal en la misma materia.

El tribunal añade que tampoco se han producido los "vicios procedimentales" que denunciaban los recurrentes, que alegaron que no se contó ni con los sindicatos ni con los funcionarios al adoptar este acuerdo.

Y destaca que ese acuerdo aprobado en el pleno no se puede anular de acuerdo con la Ley de Régimen Jurídico del Procedimiento Administrativo Común, porque no reúne los requisitos que exige esa norma para poder hacerlo.

 

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