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Lunes, 07 de marzo de 2011   |  Número 5
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ACTUALIDAD
Creen que habría que unificar un documento de consentimiento informado
“Es difícil establecer un criterio en la jurisprudencia del Supremo sobre el daño moral”
Expertos han señalado que existe demasiada discrecionalidad en las decisiones de los tribunales

Ricardo Martínez Platel. Toledo
“En ocasiones, el Tribunal Supremo parece que juzga cada caso concreto y es difícil establecer un criterio al que ajustarse, lo que supone una enorme complejidad a la hora de centrar la doctrina” Así lo ha afirmado Javier Sánchez Caro, miembro de la Unidad de Legislación sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en su ponencia sobre consentimiento informado y responsabilidad patrimonial, celebrada en Toledo, dentro de la II Jornada sobre responsabilidad jurídica por asistencia , organizada por Sescam.

José Guerrero Zaplana, Miguel Marcos Ayjón, Javier Moreno Alemán y Javier Sánchez Caro, durante la jornada.

Sánchez Caro opina que cada vez se exige al médico “información más puntillosa” antes de las intervenciones o los tratamientos, que a veces pueden ser contraproducentes para el propio paciente. El experto considera que hay que encontrar cierto equilibrio, ya que tampoco se puede ofrecer una información mínima, que no exponga todos los posibles riesgos. Porque la mayoría de demandas van encaminadas a la falta de una información completa, más que a la ausencia de la misma.

El Tribunal Supremo entiende por daño moral, las secuelas que se desprenden de un acción sanitaria y según Sánchez Caro, “en su jurisprudencia se refleja que el médico tiene que asumir las secuelas cuando no ha avisado del riesgo, algo que no es correcto y que no debería generalizarse”. “Hay que tomar medidas, realizar una rebaremación de los daños para evitar la discrecionalidad judicial. Es un criterio demasiado amplio y si no fuera así se impediría la persecución de los médicos”.

En la mesa redonda, que estuvo moderada por Miguel Marcos Ayjón, director general de Justicia de Castilla-La Mancha, también ha participado Javier Moreno Alemán, abogado y socio fundador de Asjusa-Letramed, que ha destacado el abuso que se hace de las denuncias, así como la exigencia formal del consentimiento informado, que genera efectos negativos, ya que la tendencia oscila a “pedir indemnizaciones millonarias”.

El letrado ha subrayado que no hay que confundir consentimiento informado con información. “No está claro que el consentimiento informado tenga que ser por escrito, ya que muchas veces queda reflejado que el paciente ha sido informado de forma oral, porque así queda reseñado en la historia clínica”.

Por su parte, José Guerrero Zaplana, magistrado de la Audiencia Nacional, también se ha mostrado crítico con el Tribunal Supremo porque cuando existe una infracción que va seguida de la curación del paciente, no hay daño y ha asegurado que “el paciente debe tener derecho a la información independientemente del daño moral que no existe cuando no hay secuelas”. Además, “la jurisprudencia del Supremo no es unánime en este sentido”. El magistrado ha señalado que normalmente no se producen demandas cuando no hay secuelas, a pesar de que es posible que haya habido una mala praxis.

Por último, Sánchez Caro cree que sería conveniente unificar un documento de consentimiento informado, ya que en la actualidad en unos hospitales exponen unos riesgos distintos a otros, lo que provoca que haya “demasiada flexibilidad en el daño moral”.
 

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