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Lunes, 21 de noviembre de 2011   |  Número 21
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TRIBUNALES
EL TC ANULA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA 3/1996
Excluir a los mayores de 65 años del procedimiento de autorización de oficina de farmacia es inconstitucional
La medida no garantizaba la contratación de nuevos profesionales

Ricardo Martínez Platel. Madrid
El Boletín Oficial del Estado ha publicado una sentencia del TC que declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 11 de la Ley de la Asamblea de Extremadura 3/1996, de 25 de junio, de atención farmacéutica, en el que se señalaba que “en ningún caso podrán participar en el procedimiento de autorización de Oficina de Farmacia los farmacéuticos que tengan más de 65 años al inicio del procedimiento”.

La cuestión de inconstitucionalidad fue planteada por la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo al considerar que el citado precepto vulneraría los artículos 149.1.16, 149.3 de la Constitución Española (competencias básicas del estado en materia de sanidad y productos farmacéuticos) y los artículos 14, 139 y 23.2 (principio de igualdad e interdicción de la discriminación; identidad de derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio y libre circulación de personas; acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas).

La Asamblea de Extremadura justificaba la legalidad del artículo 11 de la Ley 3/1996 por “haber sido establecido en el ámbito de sus competencias, y por responder a la realidad geográfica y demográficas extremeñas”. Según el TC, desde el punto de vista de la razonabilidad, si la finalidad del servicio farmacéutico es la mejor dispensa y consejo en el suministro de medicamentos, los farmacéuticos con más experiencia, serán los más capacitados. Por este motivo, el alto tribunal no lo considera constitucionalmente razonable.

La Junta y la Asamblea de Extremadura explica su postura al señalar que lo que se pretende evitar es que “los adjudicatarios, en lugar de ejercer la farmacia, traspasen lucrativamente el establecimiento y que la edad de 65 años es la que corresponde a la jubilación, ya que las personas no pueden hacerse cargo de un servicio público porque requiere una capacidad física y psíquica adecuadas”.

El TC declara la inconstitucionalidad de la prohibición del acceso a autorizaciones de nuevas oficinas de farmacia a mayores de 65 años al considerarla una discriminación arbitraria por razón de edad, que no queda justificada en que “a los 65 años la mayoría de los españoles cesan en la actividad laboral y en que a partir de esa edad sean crecientes las dificultades de adaptación”, concluyendo que no se trataba “de una medida de acción positiva dirigida a equilibrar la desfavorable situación de partida de los integrantes de un grupo desfavorecido” y su exclusión “no garantiza la contratación de nuevos profesionales”.

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