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Lunes, 18 de abril de 2011   |  Número 8
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actualidad
MIQUEL MARTIN CASALS, CATEDRÁTICO DE DERECHO CIVIL DE LA UNIVERSIDAD DE GIRONA
Existe negligencia si hay omisión de información en una anticoncepción fallida aunque el hijo nazca sano
Según el Supremo, el paciente debe ser informado de los riesgos de fracaso de la intervención

Ricardo Martínez Platel. Málaga
La responsabilidad por anticoncepción fallida y por diagnóstico prenatal negligente es un tema reciente. Las primeras sentencias que se dan sobre esta materia están fechadas a mitad de los años noventa. Según Miquel Martín Casals, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Girona, “al final de esa década se contaban con los dedos de las manos, y ahora no hay bastantes dedos para contar las que hay” tal y como ha asegurado en una jornada sobre responsabilidad civil médica, celebrada en el Colegio de Abogados de Málaga.

Miquel Martín Casals.

La llamada anticoncepción fallida se produce cuando unos padres no desean tener descendencia y debido a ello se someten a un método anticonceptivo. Pero falla y tienen un hijo sano. Se trata de una demanda ejercida por los padres, lo que se conoce como “wrongful conception”. Si en este caso la negligencia se da en la práctica de la operación no hay ningún problema para el facultativo, pero sí ocurre cuando se produce una omisión de la información necesaria. Según el Supremo, el paciente debe ser informado de los riesgos de fracaso de la intervención, sobre todo en supuestos de vasectomía, donde se puede producir una recanalización espontánea. En este caso, la carga de la prueba de todos los extremos recaería sobre el médico, por la facilidad de aprobar las pruebas.

Miquel Martín Casals ha señalado que “respecto a la relación de causalidad hay problemas específicos en los casos de falta de información o información negligente. Así, el médico puede exonerarse si prueba que a pesar de haber suministrado la información, el embarazo se hubiera producido igualmente, porque los padres no habrían adoptado medidas anticonceptivas adicionales para evitar el embarazo”.

En cuanto al daño indemnizable, en este sentido se pagan los daños morales, por no haber dejado
realizar la facultad de autodeterminación y también se indemnizan daños patrimoniales, como el daño emergente provocado por los gastos del embarazo, parto y asistencia médica. El gran problema se plantea si también hay que indemnizar los alimentos del hijo. Hay una línea de argumentos a favor, que aduce que alimentar a un hijo es un detrimento patrimonial y por lo tanto, hay que indemnizarlo. O el médico como profesional que ha sido negligente, tiene que hacer frente a su responsabilidad, esta es una posición minoritaria en España. Los alimentos no se indemnizan, porque el deber legal viene impuesto a los padres por el artículo 154 del Código Civil. Dicha obligación no es algo que esté aislado, es básica en el entramado del derecho de familia.

Otro supuesto es la privación de la facultad de abortar. Cuando nace un hijo con malformaciones genéticas, que no han sido detectadas por el médico o no ha informado oportunamente, la madre no puede ejercer la opción de abortar. Este caso se denomina “wrongul life” (traducido como “nacimiento injusto”). Esta situación está ligada a la regulación que haya del aborto en cada ordenamiento jurídico. En algunos casos se ha informado a los padres de las malformaciones con una antelación tan escasa que no han tenido tiempo para prepararse mentalmente a enfrentarse con este hecho. En este caso, hay sentencias que tienen en cuenta el shock psicológico.
 

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