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Lunes, 13 de junio de 2011   |  Número 12
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EN PORTADA
las asociaciones de afectados PUEDEN CONVERTIRSE en "instrumentos de presión"
Expertos advierten del riesgo que suponen las demandas colectivas para todos los agentes del sector sanitario
Sus efectos afectan a cualquier persona que pueda estar comprendida en los supuestos determinantes de la reclamación judicial, incluso sin contar con su consentimiento

Redacción. Madrid
El Tribunal Supremo eliminó en 2008 la prohibición que no permitía a los abogados cobrar honorarios a sus clientes sólo si la reclamación resultaba atendida y su cuantía era un porcentaje pactado de la indemnización, hecho que se conoce como “Pacto de Quota Litis”. Sobre esta circunstancia se han pronunciado Javier Carceller, fiscal jefe de Castellón; Juan Calixto Galán, fiscal de la Audiencia Provincial de Badajoz; el jurista Julio Sánchez Fierro y Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, en un seminario dedicado a las demandas colectivas y riesgo de desinformación celebrado en Valencia.

Julio Sánchez Fierro y Ricardo de Lorenzo.

En opinión de Carceller, que fue el fiscal encargado del juicio contra el anestesista Juan Maeso por el contagio masivo de hepatitis C en diferentes hospitales de Valencia, hay que diferenciar entre "oportunismo jurídico y el interés social". En ocasiones, ha comentado, las asociaciones de afectados se convierten en "instrumentos de presión" para lograr pactos extrajudiciales, algo que debería evitarse mediante la denuncia pública y los códigos deontológicos.

Por su parte, De Lorenzo ha realizado una exposición sobre los problemas que ha generado el “Pacto de Quota Litis”, así como la presencia en España de algunos despachos extranjeros, principalmente norteamericanos, especializados en el ejercicio de acciones colectivas en defensa de intereses difusos. En la actualidad se inicia el fenómeno social de las demandas colectivas por parte de asociaciones de consumidores, usuarios y pacientes dirigidas a grandes empresas multinacionales y a las Administraciones públicas del Estado.

El presidente de la AEDS ha precisado que en España, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha levantado a la abogacía española la prohibición del pacto de porcentaje lo que confirma la resolución de la Comisión Nacional de Competencia, que instaba al Consejo General de la Abogacía a la derogación de la norma ética que lo prohibía, por considerarla “práctica concertada de precios mínimos” contraria al artículo 1 de la Ley de Defensa la Competencia.

En su opinión, al margen de cualquier otro debate, la realidad es que el sistema capta y afianza encargos estableciendo con el cliente, desde la financiación del pleito, pasando por el soporte técnico de otros profesionales especializados, a la retribución de su trabajo, sujeto al resultado que se obtenga, renunciando en unos casos al cobro de honorarios en caso de perderlo y aceptando llanamente la venalidad de su diligencia y lealtad profesionales. Razón por la cual hasta ahora la abogacía siempre se opuso mayoritariamente a que su prohibición fuera derogada y ésta se mantiene en el artículo 3.3 del Código Deontológico de la Abogacía de la Unión Europea.

De Lorenzo ha detallado como la Ley de Sociedades Profesionales podría haber limitado el efecto que el “Pacto de Quota Litis” y las sociedades de intermediación pudieran haber tenido en ese escenario, pero advirtió que la regulación legal, formalmente imperativa se ha convertido en materialmente potestativa: una sociedad puede operar en el mercado de los servicios profesionales de idéntica manera y con idéntico resultado.

De este modo, en la práctica, la sujeción a la Ley de Sociedades Profesionales no se constituye en una exigencia para operar mediante sociedades en el mercado de servicios profesionales, por lo que esta Ley, que debería haber supuesto el fin de las llamadas “sociedades de intermediación”, las consagra definitivamente como alternativa por completo desregulada y no requerida para cumplir las exigencias de transparencia y publicidad que los preceptos legales imponen en garantía de los usuarios de los servicios.

Por su parte, Sánchez Fierro ha analizado las acciones colectivas desde una perspectiva histórica y de derecho comparado, definiendo los requisitos y elementos que definen este tipo de iniciativas procesales. La diversidad de procedimientos entre los estados miembro constituye, sin duda, un freno a la libre circulación de mercancías bienes y servicios, que es un principio constitutivo y de identidad de la propia Unión Europea. Por ello deberán proseguir los esfuerzos tanto desde la Comisión Europea, desde el Consejo y desde el Parlamento Europeo para configurar un marco jurídico más definido y que ofrezca una mayor seguridad a todos los agentes que intervienen en este tipo de supuestos. Así en el caso del sector sanitario, los pacientes, las instituciones sanitarias y los profesionales, sin olvidar a las empresas que operan en este sector.

En todo caso, la cultura jurídica de los estados miembros de la Unión determina que la defensa de estos intereses de ciudadanos indeterminados no se confíe sólo a instituciones como el Defensor del Pueblo o la Fiscalía, sino también a la propia sociedad civil a través de sus asociaciones, si bien exigiendo requisitos de representatividad y la debida trasparencia en cuanto a los intereses que dan fundamento al ejercicio de este tipo de acciones.

 

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