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Lunes, 04 de abril de 2011   |  Número 7
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ACTUALIDAD
José Javier Polo Rodríguez, fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Toledo
“Golpear a un médico de la sanidad pública es un daño social”
El fenómeno de las agresiones se define por acometer, emplear fuerza, intimidar u ofrecer resistencia activa y se debe producir en la ejecución de las funciones del médico o con ocasión de las mismas

Ricardo Martínez Platel. Toledo
La reiteración de conductas de agresiones a médicos ha generado una serie de respuestas divergentes en el Ministerio Fiscal, porque a pesar de que se rige por el principio de unidad de criterios, según ha reconocido José Javier Polo Rodríguez, fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Toledo “no se puede atender todos los casos por igual”. El aumento de agresiones y las divergencias de respuestas han creado confusión y preocupación en la profesión médica.

José Javier Polo Rodríguez, fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Toledo.

Como consecuencia de ello se han llevado a cabo protocolos de seguimiento y actuación frente a la violencia y demandas en el sentido amplio de la palabra, no sólo en el jurídico, sino el deseo de una mayor protección al profesional sanitario.

José Javier Polo reconoce que el Ministerio Fiscal “debe ofrecer a todas las situaciones que se le planteen la misma, o unívoca, respuesta frente al ciudadano y ante los tribunales”. Para fijar esa postura se utilizan tres instrumentos: las instrucciones, que establecen órdenes concretas de actuación; las circulares, que son más amplias en cuanto a análisis de las conductas y las consultas, que se producen a instancias de los fiscales.

Lo esencial en todo delito es el bien jurídico protegido. Cuando el Código Penal define una conducta para establecer una sanción hace un proceso inverso. Primero, piensa en el bien que quiere proteger y luego crea figuras delictivas que lo protejan. En el caso del delito de atentado, lo que se protege es el orden público. El fenómeno de las agresiones se define por acometer, emplear fuerza, intimidar u ofrecer resistencia activa y se debe producir en la ejecución de las funciones del médico o con ocasión de las mismas.

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Toledo ha recordado que “no sólo se considera funcionario público el que tiene la idea de permanencia o incorporación, sino también un médico interino al que también se le otorga esta consideración a efectos de protección. Cuando se pega, se insulta o se amenaza a un médico, que desempeña sus funciones en el ámbito de la sanidad pública, no se produce un daño concreto, sino un daño social”. Es decir, la representación y la trascendencia que tiene este trabajo, obliga a que el Derecho Penal proteja el ejercicio de dicha función. Va más allá del daño concreto.

José Javier Polo considera que “no se puede llevar por atentado cualquier actuación. Han de ser graves y tampoco se puede ampliar en exceso el círculo de sujetos que sean posibles víctimas de este delito”. Por este motivo, los médicos que ejercen en consultas privadas no están amparados por este delito, aunque “sí pueden estarlo cuando son agredidos por un hecho que ha sucedido en el ámbito público, porque es con ocasión de sus funciones”.

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