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Lunes, 24 de octubre de 2011   |  Número 19
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LEGISLACIÓN
AUNQUE RECONOCE QUE ALGUNOS ASPECTOS PUEDEN MEJORAR DURANTE SU TRAMITACIÓN
La Asociación Andaluza de Derecho Sanitario considera positiva en su conjunto la ley autonómica de Salud Pública
Destaca el fomento de la solidaridad y la equidad, así como el principio de solidaridad

Redacción / Ricardo Martínez Platel.
Eduardo Martín, como presidente de la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario, ha comparecido ante la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía para valorar el contenido del Proyecto de Ley de Salud Pública autonómico. La evaluación del proyecto, en su conjunto es positiva y lo consideran “coherente con la realidad y aspiraciones sociales actuales”, aunque hay algunos aspectos que “pueden mejorar durante su tramitación”.

Eduardo Martín.

Según Eduardo Martín, “se vuelve a insistir en algo que ya se trataba en la pretérita Ley, como es la incorporación de los objetivos de salud pública a la agenda de los gobiernos locales, lo que implica que, en su momento, fue una propuesta fallida que no se llegó a concretar y que precisa de un nuevo impulso para hacerla efectiva”. Aunque la propuesta de una salud local, más individualizada y personalizada, “no deja de ser algo positivo por el reconocimiento que supone tanto de la diversidad como de la territorialidad de la salud”.

Dentro de los principios rectores del proyecto, la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario destaca el principio de solidaridad (artículo 5 .1) que lo enfoca “acerca de la responsabilidad de dirigir sus políticas a la reducción de desigualdades en salud de la ciudadanía, es preciso extenderlo a otras autonomías y a sus servicios de salud, en las que el concepto de solidaridad está entendido más de una forma excesivamente endogámica”. Dentro del fomento de la solidaridad y la equidad (artículo 5 apartado 2 a) les parece acertado que la primera acción que se preconiza al respecto sea el desarrollo de la red de recursos y servicios de la salud pública, a fin de compensar los desequilibrios territoriales y garantizando el acceso a la totalidad de la población. Otro aspecto a reseñar, dentro de las obligaciones de la ciudadanía en materia de salud pública (artículo 15 apartado d) es la exigencia de hacer un uso responsable de las prestaciones y servicios públicos.

Una aportación importante que el proyecto va a suponer, dentro de los derechos en relación a las actuaciones sanitarias (artículos 56 y 57), es la precisión de que las prestaciones que se incorporen a la cartera de servicios de salud pública sean aquellas que han demostrado sus beneficios, sean fiables, seguras y hayan sido constatadas, pues en otros tiempo la cartera de servicios no obedecía a estos criterios.
Eduardo Martín ha asegurado que hay aspectos de lenguaje que “debieran revisarse, porque se introducen conceptos nuevos que resultan de difícil expresión con el vocabulario al que estamos acostumbrados y se ha optado por introducir términos que aunque definidos en el glosario, corren el riesgo de convertirse en “palabros” carentes de sentido”.
 
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