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Lunes, 05 de noviembre de 2012   |  Número 35
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actualidad
ANÁLISIS DE LA FIGURA DEL USUARIO DE LOS SISTEMAS SANITARIOS
La atribución de consumidor al paciente supone el acceso a un estatuto jurídico superprotegido
El facultativo se ha convertido en un prestador de servicios

Ricardo Martínez Platel. Sevilla
La protección de la salud, como derecho humano, implica la responsabilidad del Estado en el aseguramiento de las condiciones normativas y materiales del ejercicio y goce efectivo del más alto nivel posible de salud física y mental de todos los habitantes. Esto incluye la disponibilidad de la oferta de los servicios, la aceptabilidad y garantía de la confidencialidad, la accesibilidad y no discriminación del individuo y la calidad, mediante equipos científicamente aprobados.

Diana Colorado, profesora de la Universidad Nacional de Colombia;Román Navarro, profesor de la Universidad de Costa Rica; Karen Vergara, profesora de la Universidad de Costa Rica; y Jorge Tomillo, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Cantabria.

La profesora Diana Colorado, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, ha citado los principios característicos de las normas internacionales respecto a la protección de la salud, en el II Congreso Ibereoamericano de Derecho Sanitario, como son el carácter individual y social, el carácter preventivo y promoción de la salud, así como la equidad, gratuidad, participación e información del paciente.

Por su parte, Jorge Tomillo, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Cantabria y vocal de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, ha explicado la protección jurídica del paciente desde su consideración como consumidor. Tomillo ha aclarado que la consideración del paciente como consumidor no implica la privatización de la sanidad, que debe ser “universal, público y gratuito”. La atribución de consumidor al paciente supone el acceso a un estatuto jurídico superprotegido, ya que el usuario además de tener los derechos propios de los pacientes, cuenta con los de los consumidores, lo que significa una situación que debe valorarse en un ámbito de más protección.

Tomillo ha hecho referencia al cambio de concepto vivido entre un sistema inspirado en el principio de beneficencia a lo que es actualmente, donde el facultativo es un prestador de servicios y se ha cavado con el modelo paternalista. El sometimiento a derecho de la actividad médica es una ruptura de los principios de soberanía de los códigos deontológicos, según ha asegurado Tomillo, que también ha señalado que “las conductas de los médicos deben ser juzgadas por la sociedad y no solo por los principios médicos”.

 


 
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