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Lunes, 09 de enero de 2012   |  Número 24
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TRIBUNALES
La asistencia sanitaria no se ajustó a la lex artis ad hoc
La carga de la prueba corresponde a la parte que tiene más facilidad para demostrar la asistencia prestada
Al tratarse de una infección producida tras una operación, le corresponde a la Administración

Ricardo Martínez Platel. Madrid
La Sección Cuarta de la de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha desestimado un recurso de casación que ha interpuesto el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) contra una sentencia del TSJ asturiano que le condena a indemnizar a una paciente con 370.000 euros porque no quedan acreditados que se utilizaran todos los medios para evitar las infecciones sucesivas a una intervención quirúrgica.

Tribunal Supremo.

En primer lugar, el Sespa adujo que el periodo para presentar la reclamación de responsabilidad patrimonial había prescrito, aunque la sentencia de instancia niega que en la fecha indicada se hubiera alcanzado la curación y determinado el alcance de las secuelas. La paciente sufrió un proceso infeccioso tras la implantación de una prótesis en 1999. En los años sucesivos fueron necesarias otras intervenciones hasta que en 2004 le amputaron el muslo derecho, por lo que no cabía tener determinado el alcance de las secuelas. Por otro lado, el Sespa sostiene que en las reclamaciones derivadas de la actuación médica no resulta suficiente la existencia de una lesión, sino que es preciso acudir al criterio de la lex artis y añade su queja a la Sala porque en ese casi, según su criterio, se ha invertido la carga de la prueba.

Sin embargo, el alto tribunal expone que “no puede acogerse en su conjunto que la asistencia sanitaria se haya ajustado a la lex artis ad hoc”. Además, el Supremo recuerda que en su jurisprudencia ordena al juzgador que tenga en cuenta “la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes en litigio”. En este caso, de una infección profunda tras la operación inicial, con una larga evolución virulenta que no fue posible controlar y que obligo a la amputación de la extremidad. Por lo que le corresponde a la Administración probar que sí se ajustó a la lex artis
 

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