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Lunes, 11 de julio de 2011   |  Número 14
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tribunales
EL SUPREMO CORROBORA UNA SENTENCIA DEL TSJ DE ARAGÓN
La carga de la prueba recae sobre la parte que tenga mayor facilidad para demostrar los hechos
Dada la cercanía a las fuentes, correspondía al centro sanitario el explicar la causa del resultado

Ricardo Martínez Platel. Madrid
El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso de casación interpuesto por la Administración de la Diputación General de Aragón contra una sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. La Sala de instancia estimó una reclamación de responsabilidad patrimonial por deficiente asistencia sanitaria y ordenó indemnizar al paciente con 180.303,63 euros.

Tribunal Supremo.

El hombre sufrió un infarto cerebral en el Hospital Miguel Servet, donde se le había practicado hemiglosectomía asociada a mandibulectomía alveolomaxilar y vaciamiento radical derecho por carcinoma epidermoide de estructuras linguales y mandibulares. La parte demandante aseguraba que uno de los motivos de la reclamación era la falta de adecuada información sobre la operación. Sin embargo, en el expediente figura el consentimiento escrito para la intervención, donde se indicaba la concreta cirugía que se le iba a practicar, con los posibles riesgos. Además, en 1997 se le planteó la operación y no la aceptó por los riesgos que suponía. La sentencia de instancia concluía que no había exigencia de responsabilidad por este motivo.

La Administración no ha probado que actuase con la diligencia exigible para evitar la infección hospitalaria y no se le practicó un cultivo bacteriológico hasta el noveno día, cuando desde el séptimo se observaba que la herida supuraba. Dada la cercanía a las fuentes de prueba, correspondía al centro sanitario el explicar la causa del grave resultado.

Según el fallo del Supremo, no se trató con prontitud el proceso de infección sobrevenido. Además, a tenor de la jurisprudencia establecida, se tiene en cuenta la disponibilidad y facilidad probatoria de las partes, por lo que en este caso corresponde a la Administración la carga de acreditar si el tratamiento prestado al proceso de infección fue ajustado a la lex artis. La sentencia refleja que la infección queda ligada causalmente el daño cerebral por la correcta inversión de la carga de la prueba.

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