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Lunes, 11 de julio de 2011   |  Número 14
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LEGISLACIÓN
APROBADA LA LEY DE AGILIZACIÓN PROCESAL
La Comisión de Justicia fija en 600.000 euros la cuantía para poder recurrir al Supremo
El objetivo de la nueva norma es suprimir trámites procesales innecesarios o sustituirlos por otros más breves

Ricardo Martínez Platel / Redacción. Madrid
La Comisión de Justicia del Congreso ha dado el visto bueno al proyecto de ley de medidas de agilización procesal. Así, se ha fijado en 600.000 euros el límite para acceder al recurso de casación en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo.

Álvaro Cuesta, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

Esa cuantía está por debajo de la que solicitó el TS (un millón de euros) y también de la que propuso el Ministerio de Justicia (800.000 euros), aunque supone un incremento notable respecto a la actual. Esta medida significa, según fuentes consultadas por Redacción Médica, “arreglar el colapso judicial poniendo impedimentos para acceder a la justicia”. Concretamente ve aumentada por cuatro la cantidad de dinero necesaria prevista en la legislación civil y contencioso administrativo para poder recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.

De los 150.000 euros que exigía la Ley para llevar un caso al Supremo, se pasará a los 600.000 euros. Varios expertos han mostrado a esta publicación su malestar y han señalado que “sería más justo prohibir directamente el recurso, pues de esta manera solo van a acceder al TS los ricos, que son los que se juegan esos capitales”, aspecto con el que coincide el PP, que no ha apoyado la norma.

Según los especialistas, "no se pueden recortar las garantías de los ciudadanos para agilizar la Justicia, ni para hacer disminuir la litigiosidad". Sin embargo, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, señaló que el objetivo es "mejorar la respuesta de los juzgados, racionalizar las materias de que conocen los órdenes civil y contencioso-administrativo y descargar de asuntos al Tribunal Supremo".

También se ha rebajado la cuantía para los recursos de apelación civil desde los 6.000 euros que proponía el Gobierno, a la mitad. Se ha pactado igualmente que la tasa para que las empresas y bancos promuevan procesos monitorios será de 50 euros en lugar de 90, pero todas las demandas inferiores a 3.000 euros quedarán exentas de tasa cualquiera que sea su promotor.

El portavoz socialista en la Comisión de Justicia, Julio Villarrubia, ha defendido las medidas incluidas en esta ley de agilización procesal, cuyo objetivo es mejorar la respuesta de los tribunales, agilizar trámites, racionalizar el sistema de recursos y reducir costes y tiempos eliminando gestiones innecesarias. Respecto a los límites fijados para los recursos de casación ante el TS, Villarrubia ha defendido que se trata de que el Supremo pueda dedicarse a su función de unificar doctrina y que no se convierta en una tercera instancia de apelación. Así, el diputado socialista ha salido al paso de las críticas del Partido Popular al recordar los presidentes de Sala del Tribunal Supremo habían solicitado que la cuantía exigida para poder recurrir en casación fuera de un millón de euros.

Desde el Partido Popular, el diputado Vicente Ferrer ha considerado que el Gobierno no ha aportado soluciones a los verdaderos problemas de la Justicia y a la situación de "permanente colapso" de los tribunales, motivo por el que ha justificado su rechazo al proyecto. "El PP no va a subirse a ese bote, no vamos a dar la Justicia por naufragada", ha dicho Ferrer, que ha criticado que se restrinja a los ciudadanos la posibilidad de recurrir, lo que a su juicio supone "el mayor recorte de derechos civiles" en democracia.

Su opinión es coincidente con las conclusiones de la Comisión Nacional de Justicia y Libertades Públicas del Partido Popular, que se ha reunido hoy para preparar el programa electoral de esta formación política en esta materia, y ha lamentado el "escaso impulso" dado por el Gobierno a la modernización de la Justicia. En este sentido, el responsable del PP en esta materia, Federico Trillo, ha resaltado en una nota que gracias a los responsables de su partido se han incluido enmiendas fundamentales para la rectificación de leyes tan importantes como la de agilización o de modernización y ha resaltado que sus líneas de trabajo pasarán por el regreso del respeto a la Ley y la vuelta a la seguridad jurídica.

En el proyecto de ley aprobado hoy por la Comisión de Justicia no se han incluido las propuestas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sugirió a los grupos parlamentarios varias modificaciones de la LECrim encaminadas a limitar los recursos y reforzar el secreto del sumario en el proceso penal. Finalmente, la única modificación aprobada que afecta al orden penal es la relativa a la responsabilidad de las personas jurídicas que exigía la reciente reforma del Código Penal.

 

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