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Lunes, 05 de noviembre de 2012   |  Número 35
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actualidad
II CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO SANITARIO
La Constitución garantiza el derecho a la protección de un nivel de salud razonable
El magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés pronuncia la conferencia inaugural

Ricardo Martínez Platel. Sevilla
La consideración constitucional del derecho a la protección a la salud ha sido analizada por Fernando Valdés, magistrado del Tribunal Constitucional y catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad social, en el marco del II Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario celebrado en Sevilla.

El catedrático de Derecho Mercantil Jorge Tomillo ha presentado al magistrado Fernando Valdés.

El magistrado ha explicado la diversidad del lenguaje para referirse al derecho a la protección de la salud que existe en las normas de los diferentes países. En el caso español, la Constitución, en un ejemplo de unanimidad doctrinal, recoge el derecho a un nivel de salud  razonable, el mejor posible. Se trata de un derecho a disponer de una medicina activa, con capacidad científica y nivel médico en la atención a la salud de los ciudadanos.  En el marco constitucional se refleja en el artículo 43. Aunque otros preceptos también se ocupan de la salud. Esta pluralidad de tratamiento es debida a la complejidad del concepto.

La salud es un bien jurídico digno de protección y así se demuestra en el artículo 15, derecho a la vida y a la integridad física; artículo 9.2, obligación del Estado de impedir obstáculos para el desarrollo de la personalidad e igualdad; artículo 40.2, la salud en el trabajo; artículo 50, la salud en las personas de la tercera edad; artículo 50.1, referido a los consumidores.

El apartado primero del artículo 43 es el más relevante y se ocupa de la vertiente individual, mientras el 43.2, alude a la salud pública. El derecho a la protección de la salud se vincula con el valor de la dignidad humana, que obliga a la administración a tener el compromiso de preservarla tanto a nivel individual como colectivo. Ello tiene vertiente negativa, como es el derecho del individuo a que el Estado se abstenga de actos contra la salud (medio ambiente); una vertiente positiva, derecho a que los poderes públicos adopten medidas para preservar enfermedades y que establezcan políticas sanitarias; y una vertiente igualitaria, que garantice el acceso general a los ciudadanos.

Por su parte, Emilio de Llera, consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, ha manifestado durante la inauguración que “las medidas para salir de la crisis parecen encaminadas a destruir el estado de bienestar, lo que supone una amenaza para la salud pública”. El consejero ha hecho un alegato a favor de una sanidad universal y pública, así como una defensa de la investigación científica y médica, ya que, a su juicio, “una sociedad que no investiga, es una sociedad muerta”.
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