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Lunes, 07 de noviembre de 2011   |  Número 20
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XVIII CONGRESO NACIONAL DE DERECHO SANITARIO
según ha explicado el idis en el congreso de derecho sanitario
La desgravación al aseguramiento sanitario privado tendría un efecto positivo sobre el saldo fiscal y el empleo
Reclama una mayor colaboración del sistema sanitario público con el sector privado

Redacción. Madrid
La desgravación fiscal al aseguramiento sanitario privado tendría un efecto positivo tanto sobre el saldo fiscal como sobre el empleo en nuestro país, según se ha puesto de manifiesto durante el taller de trabajo promovido por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) en el XVIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario, celebrado recientemente en Madrid.

De izquierda a derecha, en la parte superior Juan Abarca, secretario general del IDIS e Iñaki Peralta, vicepresidente del IDIS. En la parte inferior, Fernando Peña, profesor de Sistema Fiscal de la Universidad de Alcalá de Henares; Engracia Hidalgo, ex consejera de Hacienda y Familia de la Comunidad de Madrid; Juan Iranzo, vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos y Teótimo Sáez, secretario general de Segurcaixa Adeslas.

Así, la incorporación de una deducción fiscal de, por ejemplo, el 15 por ciento a la suscripción privada de seguros voluntarios individuales de salud, para todo tipo de rentas, “además de la creación de más de 18.000 puestos de trabajo, podría llegar a ahorrar hasta más de 445 millones de euros al Sistema Nacional de Salud. Asimismo, supondría un ahorro medio de 300 euros/año en las familias de 4 miembros que contrataran seguros sanitarios privados y un posible incremento en la recaudación del Estado a través del Impuesto de Sociedades y otros tributos de más de 18,9 millones de euros”, afirmaba Iñaki Peralta, vicepresidente del Idis.

“La sostenibilidad del sistema sanitario público de nuestro país está en entredicho porque no hay ingresos y porque existen una serie de desajustes que lo hacen difícilmente viable a medio y largo plazo, entre ellos la deuda de 15.000 millones de euros con los proveedores”, recordaba Juan Iranzo, vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos. En este contexto, este experto señaló que “el sistema sanitario público en España no es viable sin una colaboración profunda con el sector privado”, al tiempo querealizaba algunas propuestas que podrían ayudar a hacer más eficiente la gestión de nuestro sistema sanitario: unificar las compras por comunidades autónomas; introducir incentivos con gestión privada o regular la sobredemanda, entre otras. Además, “es esencial potenciar las desgravaciones fiscales, medidaque tendría un efecto positivo sobre el conjunto de la actividad del sistema, al tiempo que permitiría descargar de manera eficiente a la sanidad pública y crear empleo en el sector privado”.

Teótimo Saez, secretario general de SegurcaixaAdeslas, compañía miembro del Idis, afirmaba por su parte que iniciativas como ésta “podrían ser palanca de las soluciones necesarias para sacar de la crisis al sistema sanitario actual, más si tenemos en cuenta el fenómeno del “doble aseguramiento” (ciudadanos con protección sanitaria de financiación pública que libremente deciden suscribir una póliza de salud),lo que implica que muchos ciudadanos con seguro sanitario privado no utilizan la red pública con el consiguiente ahorro para el Sistema Nacional de Salud”.

Escenario español y europeo

“Hasta 1998, el IRPF permitía al contribuyente deducirse hasta el 15% de los servicios médicos y seguros privados de asistencia sanitaria que éste adquirieselibremente”, explicó Fernando Peña, profesor de Sistema Fiscal de la Universidad de Alcalá de Henares. “Esta deducción era aplicable tanto a gasto directo (pago de consultas médicas, estancias hospitalarias, compra de medicamentos, etc.) como indirecto, es decir, contratación de pólizas de seguros de salud y asistencia sanitaria. En términos económicos, las deducciones por esta prestación pasaron de los 173,5 millones de euros en 1990 a 656,6, un incremento del 278,5%, por lo que en 1998 se aprobó la modificación del impuesto de la renta sobre las personas físicas eliminando dichas deducciones”.

En la actualidad, la mayoría de los estados miembros de la Unión Europea ofrecen algún tipo de incentivo fiscal en el gasto sanitario directo a las familias (Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Rumanía, etc.) o en colectivos (Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Letonia, y Suecia), situación ésta última que se da en España. “La deducción en algunos países alcanza el 30%, por lo que si en España se instaurase un 15% resistiríamos comparativas europeas” recordaba este experto, al tiempo que afirmaba que “en la implantación del incentivo fiscal a los seguros sanitarios privados es más importante el desplazamiento que se produciría en la demanda que el propio ahorro en los presupuestos generales del Estado”.

Sanidad privada y Ley de Dependencia

La Ley de Dependencia y la posible aportación de la colaboración público-privada a la misma también fue objeto de análisis durante la jornada organizada por el Idis. “Actualmente hay una tendencia imparable, sobre todo en los países desarrollados, hacia el envejecimiento y unas tasas de dependencia cada vez mayores, lo que implicará en un futuro no muy lejano, más gastos, necesidad de mayor número de residencias y más cuidadores, nuevos servicios que definirán un espacio sociosanitario. Esta es una realidad de la que no podemos escapar y para la que tenemos que estar preparados”, señalaba Engracia Hidalgo, ex consejera de Hacienda y ex Consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.

“En la Ley de Dependencia, añadió Hidalgo, se configura como un derecho subjetivo el que tiene una persona dependiente a recibir con cargo a los presupuestos públicos, la atención para poder realizar las actividades básicas de la vida diaria. Ahora bien, la propia Ley prevé el papel de los seguros privados de dependencia. En aras a la eficiencia hemos de incentivar la contratación de seguros privados de dependencia, fomentando así la cultura del ahorro, que complementen, nunca que sustituyan, la acción protectora del Estado”.

Con este escenario como telón de fondo, la ex consejera explicó que uno de los principales problemas que se deriva de la Ley de Dependencia es el de su sostenibilidad financiera en un futuro,ya que cada vez hay más gastos, al tiempo que apuntaba que “ la colaboración público privada, también en la atención a la dependencia, puede traer consigo una mayor eficiencia, si se definen seguros de dependencia plenamente adaptados a las valoraciones, circunstancias, prestaciones y la realidad que está surgiendo tras cinco años de aplicación de la Ley”.

“Actualmente,continuó, en el sistema nacional de atención a la dependencia hay 536.670 personas que están siendo atendidas en su domicilio lo que pone de manifiesto, dadas las prestaciones que la Ley establece, que hay un espacio de posible desarrollo del sector sanitario privado que podría introducir; además de una mayor eficiencia, una atención de mayor calidad a las personas dependientes. Servicios como atender a tratamientos crónicos y paliativos en el hogar, consultoría médica, jurídica, social y psicológica, utilizar las TIC en la atención a la dependencia, suministrar financiación para la adaptación del domicilio de las personas dependientes, etc. que podrían conllevar a una disminución del uso, a veces innecesario, de los servicios sanitarios públicos, a la vez que una mayor comodidad y mejora en la atención a las personas dependientes”, concluyó Hidalgo.

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