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Viernes, 11 de enero de 2013   |  Número 39
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TRIBUNALES
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
La ejecución, tramitación y gestión de las ayudas de los planes de formación son competencia de las CCAA
Galicia presentó un recurso contra la Orden APU/421/2004, de 22 de diciembre

Ricardo Martínez Platel. Madrid
El Tribunal Constitucional ha declarado que el artículo 4, apartado 3, y el artículo 9 de la Orden APU/421/2004, de 22 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para el desarrollo de planes de formación, vulneran las competencias de la Junta de Galicia.

En el presente conflicto de competencias sobre legislación laboral, régimen jurídico de las Administraciones Públicas y régimen estatutario de los funcionarios públicos, acerca de las ayudas estatales para la formación de personal al servicio de las Administraciones locales, queda señalado que se han invadido competencias ejecutivas de titularidad autonómica.

Las previsiones contenidas en el apartado 3 del artículo 4, vulnera las competencias de ejecución que corresponden a la Junta de Galicia, en cuanto se encomienda al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) el ejercicio de funciones de naturaleza inequívocamente ejecutiva, de tramitación y gestión de las ayudas (convocatoria, requerimiento de devolución en casos de incumplimiento, anticipo de cantidades, resolución de procedimientos de concesión y resolución de la solicitud de modificación del contenido del plan) que pertenecen al ámbito competencial autonómico.

Por otro lado, la aplicación del artículo 9 es una norma aplicativa de carácter procedimental, y por tanto, como se ha reiterado  en la doctrina del Constitucional, forma parte de las competencias de la comunidad autónoma..

 

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