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Lunes, 22 de octubre de 2012   |  Número 34
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actualidad
afectación de derechos fundamentales
La Fiscalía emite directrices para actuar en casos médicos graves con menores
Para conflictos que pueden generarse cuando los facultativos consideran necesario practicar a un menor de edad una transfusión de sangre y los representantes legales se oponen

Redacción. Madrid
La Fiscalía General del Estado ha emitido una circular que establece el criterio a seguir por el Ministerio Público en los casos de intervenciones médicas y transfusiones de sangre a menores de edad en situaciones de "riesgo grave" para sus vidas.

Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado.

La circular detalla catorce pautas a tener en cuenta por los fiscales ante los posibles "conflictos que pueden generarse en clínicas y hospitales, cuando los facultativos consideran necesario practicar a un menor de edad una transfusión de sangre u otra intervención médica en situación de riesgo grave" y el pequeño o sus representantes legales se oponen.

El texto, que propugna la legitimad de la Fiscalía para actuar en estos casos como garante del interés de los menores, recuerda que estas situaciones pueden suponer "la afectación de derechos fundamentales" y estar "acompañadas de un fuerte componente emocional" además de exigir "una resolución urgente".

El documento explica que el actual marco jurídico no resulta lo "suficientemente claro" para "resolver estos conflictos" y, por ello, es "imprescindible" para los fiscales disponer de unas "pautas generales interpretativas". Estas normas se centran en las personas con capacidad de otorgar consentimiento informado para una intervención o transfusión a un menor y establece distintos supuestos, el más problemático de los cuales puede llegar a plantearse cuando un menor "maduro" rechaza una transfusión o ser intervenido "con grave riesgo para su salud" y es "apoyado" en ella por sus padres o representantes legales.

Una situación en la que, según el criterio de la Fiscalía, es preciso "plantear el conflicto ante el juez de guardia". La circular concreta, no obstante, que en el caso de que los padres rechacen la intervención de su hijo, pero éste sea un "menor maduro" que sí quiera ser operado, debe respetarse "la capacidad de autodeterminación" del menor, con lo que el médico podrá aplicar el tratamiento "sin necesidad de autorización judicial".

Asimismo, si es el niño quien se muestra contrario a la intervención médica, pero sus representantes legales son favorables a ella, ésta también podrá llevarse a cabo. Otro de los supuestos que podrían resultar más problemáticos es el de un menor no maduro cuyos progenitores no consienten una intervención que de no realizarse haría peligrar la vida del pequeño, circunstancia en la que, según el criterio del Ministerio Público, el médico podría aplicar el tratamiento oportuno siempre que se tratase de una situación urgente.

No obstante, de no mediar esta urgencia, será necesario obtener un pronunciamiento judicial y, en este caso, el criterio del fiscal será favorable a la intervención El texto de la Fiscalía también establece que, "como regla general", los menores de 12 años no pueden presentar su consentimiento, al igual que los menores de 16 que, a juicio de los médicos, no estén en condiciones de comprender el alcance de la operación. En estas situaciones deberán ser sus padres o representantes legales quienes lo hagan. La circular sí considera capaces de consentir a los jóvenes mayores de 16 y los "emancipados" que, "a criterio facultativo" tengan "suficiente madurez" para hacerlo.
 
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