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Lunes, 27 de junio de 2011   |  Número 13
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TRIBUNALES
Privaron a la madre de la posibilidad de decidir
La información errónea o incompleta equivale a la falta de información
Existió error de diagnóstico al afirmar la presencia normalizada de las cuatro extremidades del feto cuando al nacer lo hizo privado del antebrazo y mano derecha

Redacción. Madrid
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto un recurso de casación en materia de responsabilidad médica, que se inició por la demanda interpuesta por unos padres, contra el centro médico y la ginecóloga que asistió al embarazo de la mujer, por negligencia profesional médica basada en error de diagnóstico al afirmar la presencia normalizada de las cuatro extremidades del feto cuando al nacer lo hizo privado del antebrazo y mano derecha.

Seijas Quintana.

La demanda fue desestimada por el Juzgado de Primera Instancia y por la Audiencia Provincial, argumentándose que los padres habían recibido información sobre la fiabilidad diagnóstica de las ecografías para la detección de las alteraciones morfológicas en el feto.

La sentencia de la Sala Primera, de la que es ponente el magistrado Seijas Quintana, estima el recurso de casación de los padres, estimando parcialmente la demanda. En la valoración jurídica de los hechos, considera que existió un diagnóstico erróneo por no detectar anomalías del feto, no justificándose este error en la fiabilidad de las pruebas diagnósticas. Se argumenta que la información errónea o incompleta equivale a la falta de información y supone una actuación médica deficiente especialmente grave tanto en los supuestos de pruebas como la amniocentesis o la biopsia corial, como en el control ginecológico normalizado y continuado.

Se reitera la doctrina de la Sala relativa a la consideración de que la existencia del daño es independiente de la decisión de abortar, por privar a la madre de la posibilidad de decidir acerca de su situación personal y familiar y de consentir dar vida a un nuevo ser, que afectará a sus vidas conllevando una serie de daños morales y materiales y se les indemniza con 60.000 euros.

 

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