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Lunes, 26 de septiembre de 2011   |  Número 17
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SENTENCIAS COMENTADAS
Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Sección 1ª), número 344/2011, de 31 de Mayo
La información prestada a la madre deriva de un diagnóstico erróneo

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha estimado el Recurso de Casación formulado por los demandantes frente a la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Castellón que les negó la indemnización solicitada, por importe de 181.000 €, que tenía su razón de ser en la incapacidad física con que nació su hija, condenando nuestro Más Alto Tribunal tanto a la doctora especialista en Ginecología como al centro clínico a abonar a los padres la cantidad de 60.000 €.

La paciente acudió junto con su marido, con motivo de su primer embarazo, a una clínica privada para el seguimiento del mismo, habiendo sido atendida por la facultativa condenada, especialista en Ginecología y Obstetricia, la cual se encargó de controlar tanto la salud de la futura madre como la del feto. Durante el periodo de gestación se realizaron las pruebas que estaban previstas y en todas ellas se manifestó que el feto se encontraba en buenas condiciones, señalando en el informe emitido con fecha 2 de Enero de 2002 que “las cuatro extremidades muestran huesos largos de forma y ecorrefrigencia. En las extremidades superiores se observan ambas manos que parecen normales. En las extremidades inferiores se observan ambos pies bien orientados en relación con el resto de la extremidad. Es posible contar los dedos de alguna de las extremidades que presenta un número normal”

El día 15 de Abril de 2002, en un hospital público de Castellón, nació la hija de los demandantes, sin el brazo derecho (focomelia). De la prueba practicada en el procedimiento quedó acreditado que la paciente recibió información sobre el estado de su embarazo, sin embargo, dicha información estuvo basada en un diagnóstico erróneo consistente en no haber detectado la anomalía que presentaba el feto, que, en la palabras de la Sala “no puede justificarse por el carácter falible de las pruebas de imagen por ecografía”.

La Sala nos recuerda que el derecho a recibir información tiene por objeto no solo el conocimiento por la gestante de la finalidad y naturaleza de las pruebas que se realizan para seguir la evolución del embarazo, sino la que resulta de las pruebas en cuanto puedan tener incidencia en la lex artis. En el caso del diagnóstico prenatal se traduce en la información que por parte de los profesionales sanitarios que practican la prueba, se debe de proporcionar a quien presta su consentimiento, hasta agotar toda la información médica conocida por la ciencia o la experiencia, incluida la que resulta de una estadística de resultados, pues esto es en definitiva lo que representa su finalidad propia. Para la Sala la información errónea o incompleta equivale a la falta de información y conforma una actuación médica deficiente, provocando una daño que es independiente de la decisión de abortar, sino que conlleva un sufrimiento y padecimiento a los padres ocasionado por el nacimiento de una hija afectada por un mal irremediable – daño moral – y de la necesidad de hacer frente a gastos extraordinarios – daño patrimonial - , teniendo en cuenta en cualquier caso que no estamos ante la concepción de un hijo no deseado, sino ante un embarazo voluntario en el que el niño no representa un daño más allá de lo que comporta ese plus que resulta de su incapacidad.

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