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Martes, 20 de marzo de 2012   |  Número 29
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EN PORTADA
Debate sobre la modificación de la norma de la interrupción voluntaria del embarazo
“La ley del aborto debe tener menos componente ideológico y más presencia de la ciencia”
Los expertos coinciden a la hora de señalar que alcanzar el máximo consenso sobre este tema es difícil

Ricardo Martínez Platel / Imagen: Pablo Eguizábal y Diego S. Villasante
La anunciada reforma de la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo fijará una serie de "supuestos" y no de plazos, como actualmente está estipulado, en los que el aborto estará despenalizado. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que dentro de las modificaciones estará la necesidad del consentimiento paterno para practicar el aborto.

Mariano Casado, miembro de la Comisión Deontológica de la OMC y Javier Martínez Salmeán, Jefe de Servicio de Ginecología del Hospital Severo Ochoa.

Javier Martínez Salmeán, jefe de Servicio de Ginecología del Hospital Severo Ochoa: Es un tema complicado. La Ley de Autonomía del Paciente de 2002 solo contempla tres excepciones: reproducción asistida, ensayos clínicos e interrupción del embarazo, que es la que se cambió con la ley de 2010. Es complejo porque para el resto de intervenciones la joven de 16 a 18 años tiene capacidad de decisión. La chica que no puede decírselo a los padres porque cree que puede haber un conflicto va a dirigirse a un aborto clandestino. La decisión tiene que ser de la mujer, porque con 16 a 18 años tiene derecho a tener relaciones sexuales y la familia no puede oponerse. Comentarlo o no con los padres depende de la confianza que tengan. Si la tiene, se va a dirigir a ellos, si no, se saltará lo legal para practicar una maniobra clandestina para engañar a la clínica. En su momento lo defendí en la ley porque los jóvenes y adolescentes no comunican a los padres su vida sexual.

Mariano Casado, miembro de la Comisión Deontológica de la OMC: No tiene que ser así en esas edades. Sí en menores de 16 años, no entre 16 y 18. Yo plantearía dos dilemas que se le plantean al médico desde el punto de vista asistencial. Por una parte, decidir qué es la mayoría de edad sanitaria. Lo que establece la ley 41/2002 es que a partir de los 16 años al paciente se le podrá informar y consentir o no. Por otro lado, hay que valorar la capacidad para decidir a la hora de abortar. La capacidad no es una cuestión absoluta, hay matices que conviene explorar y analizar. Hay que ver la capacidad de obrar en relación a las cuestiones emocionales que se generan sobre este tema. Para ello es esencial ofrecer una información exhaustiva sobre el proceso.
 

César Nombela, miembro del Comité de Bioética de España y José María Lailla, presidente de la SEGO.

César Nombela, miembro del Comité de Bioética de España: El gobierno anuncia esta modificación de una ley que se aprobó sin consenso, que se aprobó con una gran parte de la sociedad española en contra. En concreto, en relación con el aborto de las menores sin consentimiento paterno, tenía fácilmente a más del 80 por ciento de opinión pública en contra. Eso es lo que ha hecho más llamativo este anuncio. El compromiso del partido que ha ganado las elecciones es muy claro. La cuestión del aborto no es pacífica. La Constitución Española reconoce los derechos del no nacido, como un bien constitucionalmente protegido. El PP también lo entiende así y por eso tiene un recurso en los tribunales. Hay que discutir este asunto en el contexto de los derechos del no nacido. La aprobación de la ley del aborto, eufemísticamente llamada “Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo” es una forma desproveer a las cosas de su significado para suavizarlas. El compromiso es cambiar toda la ley, porque hay una proporción de por lo menos la mitad de la población que no está de acuerdo. El aborto es un fracaso, por lo tanto la imagen de cuatro ministras alborozadas tras la aprobación de la ley, éticamente produce verdadera consternación.

José María Lailla, presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO): Hay que buscar un consenso porque es un tema que tiene un importante componente ideológico. No puede ser que cada vez que cambie el gobierno varíe la ley, porque llega un momento que se construye una norma poco consensuada y poco trabajada. El tema del consentimiento es uno de los más conflictivos de la ley. En los pediatras que tratan hasta los 18 años, en muchos sitios, hay una figura que también les está creando problemas como es el “adolescente responsable”. Hay que ver que la propia ley destaca que el consentimiento les corresponde exclusivamente a ellas, con el régimen que se aplica a las mujeres mayores de edad. Pero al menos uno de los representantes legales, padre o madre, o tutores deberán ser informados de su decisión. La norma dice que no decidirán, pero deberán ser informados.

Falta de consenso

Javier Martínez Salmeán: El tema del aborto siempre ha generado mucha pelea. Es un debate que se situaba hace ya 3 o 4 décadas. Cuando trabajamos en la redacción de la norma de 2010 nos marcamos tres líneas. La primera fue el análisis de la ley de 1985, que es un horror, porque es una norma de indicaciones que por embarazo no deseado considera que hay un riesgo psíquico, por este motivo se hacían el 97 por ciento de las interrupciones, y sin límite de edad gestacional. Es una ley que no es nada moderna, que ya cuando se hizo era antigua. Generaba una inseguridad porque estaba en el Código Penal. Provocó que hubiera irregularidades a la hora de hacer aborto y que se realizara turismo a España para abortar. La mujer era una espectadora y sus derechos estaban muy tutelados. Desde entonces ha habido una serie de reconocimientos que hay que ponerlos encima de la mesa y deben estar contemplados. También nos centramos en la legislación comparada. No hay que olvidar que todas las constituciones europeas tienen reconocido el derecho de la mujer a hacer interrupción del embarazo. Se hizo una ley de aborto que Europa ha tomado como referencia. La reducción de los abortos tiene que ver con educación sexual y de métodos anticonceptivos. Las leyes restrictivas no disminuyen el número, se producen los mismos, aunque se recata alguno para la adopción. Además, se aprobó en un parlamento, por mayoría. Desde el punto de vista de las encuestas, es evidente que hay gente en contra, pero cuando se quedan embarazadas y no quieren continuar, la mayoría de la gente no sigue con el embarazo. Es una de las decisiones más íntimas y personales que debe tomar en la autonomía de su decisión. El restringirle sus opciones puede llevar al aborto clandestino. En todos los países europeos, a partir de los 16, pueden tomar ellas la decisión.

José María Lailla: Hay que tratar de fomentar la educación sexual, para no tener que llegar al embarazo no deseado, ni al aborto. A mí también me ofendió el abrazo de las ministras celebrando la aprobación de esta ley, porque el aborto es el fracaso de la sociedad. Muchos de los abortos realizados en Cataluña se producen por diagnóstico prenatal, pero casi el 97 por ciento son por enfermedades de la madre. A mí me suena a que no es cierto. Si hay que cambiar una ley, tiene que ser para mejorar. Nuestra impresión, por las cifras que se están barajando, es que se está haciendo lo mismo.

Mariano Casado: Una ley que se promulga sin un consenso va a generar confusión en la población. Lo que hay que desear es que se pongan de acuerdo en algunas cuestiones que no están muy claras. Hay que partir de la objetividad y hablar de plazos en medicina me resulta muy peligroso. La medicina se mueve por indicaciones. Antes había un coladero legal por donde se permitían muchos casos. Muchos médicos certificaban esas cuestiones, aunque desde el punto de vista de la ética y de la deontología esas conductas no fuesen precisamente correctas. La objetividad única y exclusivamente son las indicaciones.

César Nombela: No se debe desligar el asunto del aborto del punto de vista ético. El no nacido tiene derechos y la realización del aborto no se puede considerar un acto médico, porque el papel del ginecólogo es más cuidar de esa vida y no destruirla. En la Europa anterior a la ampliación a los 27 países miembros, la inmensa mayoría de los estados tienen normas de indicaciones. De plazos tiene muy pocos. El desarrollo embrionario desde la concepción es un continuo y no hay nadie que pueda demostrar que si no se impide, y no hay un defecto natural, que no pueda progresar. No es ético contraponer dos derechos que son claramente diferentes: la autonomía de la mujer para llevar a cabo un acto irreversible y lo derechos del no nacido. En la Unión Europea las leyes son más serias de las que hay en España. Estoy de acuerdo que la ley del 85 generó unos resultados verdaderamente desastrosos, que había que terminar con ellos. Las primeras cifras de la ley vigente no apuntan a una mejora en ese sentido. La reclamación de consenso es razonable, pero cada uno mantiene su propio criterio. El trasfondo ético que subsiste es el ámbito en el que debemos discutir. Hay una importante división sobre el concepto. La opinión pública no tiene una información clara de en qué consiste un aborto de un feto de 14 semanas. En la Unión Europea hay una tendencia a la disminución del aborto.

José María Lailla: Una ley sobre interrupción del embarazo tiene componentes ideológicos, con una base ética y moral, además de una parte legal y otra científica. Ahí es donde nos corresponde a los médicos, en este caso la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, dar nuestro punto de vista. Que nadie se preocupe porque la ciencia es neutral. Me gustaría insistir que lo que no podemos es estar cambiando una ley constantemente. La ley actual deja muchas zonas oscuras. Tal y como está escrito, lo de la ley de plazos es ambiguo y en el fondo en un método de contracepción. La ética no tiene por qué tener componentes ideológicos y religiosos. Una ley consensuada sería buena para todos, con matices que no dejen margen a la laxitud de la decisión de aquella persona.

Javier Martínez Salmeán, Jefe de Servicio de Ginecología del Hospital Severo Ochoa y César Nombela, miembro del Comité de Bioética de España.

Javier Martínez Salmeán: Es imposible que haya un consenso en una ley de interrupción del embarazo. El aborto es un problema de salud pública, con muchas implicaciones asistenciales, jurídicas, pero también éticas. La ética personal, que tiene mucho que ver con los principios religiosos, hace que la sociedad esté bastante dividida. Es cierto que cuando una mujer tiene una malformación fetal o un Down, casi la totalidad hace interrupción del embarazo. Cuando le toca a uno se ve diferente. Hay que ser realistas y saber que va a haber un número de abortos, pero si hay una ley que regule bien y que esté bien hecha, va a ayudar. Una mujer que quiere abortar, lo va a hacer, aunque sea de forma clandestina y añadiéndole más sufrimiento y riesgo. Hay que respetar los derechos y la ética de cada uno, pero también la decisión de la mujer. Tiene que estar regulado para evitar el aborto clandestino. Si quieren cambiar la ley, que lo hagan, aunque me parece un error. Es cierto que el aborto es un fracaso y que termina con la vida, pero la fertilidad de una mujer es muy superior a la capacidad para tener los hijos que desea.

César Nombela: El no nacido tiene derechos y tiene derecho a que no se le mate. Podemos hablar de lo que supone el contexto social, pero hay que proponer a la mujer unas condiciones favorables durante el embarazo. El aborto es la cuestión más grave que le ha ocurrido a la humanidad en el siglo XX. Se ha hablado de ideología y de religión, pero desde la ciencia también podemos deducir. La ciencia no es una demostración ética. Los pronunciamientos éticos si puede tener una base científica. Desde el punto de vista social las sociedades europeas y la española en concreto, están abocadas a un suicidio demográfico. Cuando a la mujer se le ofrecen apoyos para continuar con su embarazo, lo hace. Todas estas circunstancias concurren y tendrían que formar parte de este análisis legal cuando se produzca el debate de la nueva ley y cuando se decida cómo va a ser.

Informar sobre el aborto

Mariano Casado: En este tema hay que dejar al margen todas las valoraciones políticas, ideológicas y religiosas. Hay que intentar hacerlo desde un punto de vista ético y deontológico. Hay que hacerlo basándonos en la llamada “medicina de los valores”, donde se tienen en cuenta no solo los derechos que pueda tener la gestante, sino también en los derechos que pueda tener el propio médico. La modificación que se atisba no es nada novedoso para la Comisión Deontológica de la OMC. La ley tiene que proteger el derecho a la vida, tiene que mirar por lo menores y debe recoger el derecho para el propio profesional, en lo que a objeción de conciencia se refiere. Por el Código Deontológico se nos ha tachado de proabortistas, al defender que el médico tiene la obligación de informar sobre el aborto. Lo defendemos a capa y espada. El médico conoce los riesgos y las alternativas a un aborto. No por ello defendemos el aborto, pero sí que el que tiene que informar de todas esas situaciones sea el facultativo.

César Nombela: Yo he sido defensor del Código Deontológico porque me parecía que tenía todo. Informar no implica tener que mandar a abortar, porque puede significar exactamente lo contrario.

De izquierda a derecha: Mariano Casado, miembro de la Comisión Deontológica de la OMC; Javier Martínez Salmeán, jefe de Servicio de Ginecología del Hospital Severo Ochoa; César Nombela, miembro del Comité de Bioética de España, y José María Lailla, presidente de la SEGO.

José María Lailla: El tema de la objeción de conciencia que viene a raíz de todo esto es complejo. La objeción de conciencia es un derecho individual constitucional. Es decir, no lo puede hacer una institución, ni un servicio ginecológico. El derecho a la objeción de conciencia enfrentado a la desobediencia civil, es que el médico no puede dejar a aquella paciente por la objeción sin la adecuada atención que ella precisa. Hay que poner a disposición de la paciente unos medios.

Mariano Casado: El médico no puede negar, ocultar o manipular la información para influir en la decisión de la madre sobre la continuidad del embarazo.

José María Lailla: De acuerdo que no se puede consensuar al cien por cien, pero hagámoslo al máximo posible recogiendo todos los aspectos. La ética está por encima de aspectos ideológicos o religiosos. Hay que hacer una ley que sirva a la mayoría.

César Nombela: Quería añadir una puntualización: el pronunciamiento del Consejo de Europa de que ninguna persona, ni institución, serán coaccionadas por no practicar abortos. La objeción de conciencia es una opción individual, pero las personas crean instituciones y, por tanto, hay unas dimensiones que se pueden percibir en las facultades, por ejemplo. En ninguna facultad de Medicina pueden obligar a enseñar practicando abortos. Lo que no se trata de ocultar qué es un aborto. Los que objetan lo hacen en función de un conocimiento.

Mariano Casado: En las facultades de Medicina se enseña a hacer abortos, porque es una terapéutica. Lo que no se enseña es a hacer abortos clandestinos e ilegales, pero abortos sí.

César Nombela: Lo que no se puede obligar a una facultad es a practicar abortos para enseñarlos.

José María Lailla: El aborto diferido forma parte del programa.

Javier Martínez Salmeán: La técnica es muy parecida.

César Nombela: Lo que tampoco se puede hacer es obligar a que no sean objetores para trabajar en el sector público, como algunos plantean. Si en el ámbito público no hay suficientes personas decididas a practicar el aborto, pues no se hace. Eso de que se puede haber objeción, siempre que haya gente que realice el servicio no debe servir. ¿Por qué hay que violentar la conciencia y las normas éticas y deontológicas de cada uno?

Javier Martínez Salmeán: En el fondo es mucho más sencillo. En mi servicio hay 30 médicos. Unos haces objeción y otros no. Es un tema que yo ni me entero de quién hace objeción. Hemos tenido algún problema en algún caso concreto, pero se ha solucionado porque un médico no puede oponerse a que otro lo haga. Hay mucho menos conflicto porque no hay beneficio añadido por ser objetor, ni por no serlo. Llevo más de 20 años en el hospital y no hemos tenido un gran conflicto con la objeción de conciencia. Evidentemente si un ginecólogo sigue al pie de la letra las directrices de la Iglesia Católica en cuanto a anticoncepción o reproducción asistida no puede funcionar en un área donde la mitad de las mujeres van por uno de esos motivos.

Mariano Casado: No solamente son los católicos. Tampoco musulmanes o judíos están de acuerdo con el aborto.

César Nombela: La cultura dominante es más abortista. Hemos pasado a esta situación de presión a favor de este tipo de prácticas. Lo que es más difícil es declararse objetor.
 

Conclusiones del debate.

Conclusiones

José María Lailla: Es importante que la reforma de la ley tenga el máximo consenso. La norma vigente tiene un fuerte componente ideológico y poca presencia de la ciencia. Sería conveniente una regularización que deje los términos más explicados y concretos, sin dar margen a una laxitud que permite dar una amplia variabilidad en las decisiones. El aborto debe ser el mal menor si se cumple el fomento de la formación y de la educación de la salud sexual y reproductiva, siempre que la paciente reciba la información necesaria y asequible.

César Nombela: Hay que prestar atención a las cuestiones éticas. La sociedad debe buscar lo mejor y el derecho a la vida es lo más importante. Con el aborto se violenta el derecho a vivir del no nacido, porque es un bien constitucionalmente protegido. Una ley es un instrumento para la sociedad y con las actuales normas se está llegando a un auténtico suicidio demográfico y de falta de perspectivas. El PP ha ganado las elecciones con unas propuestas muy claras y espero que las cumpla.

Javier Martínez Salmeán: El número de abortos no tiene mucho que ver con las leyes. La evolución demográfica tiene que ver con las ayudas que pueda tener una mujer que quiere tener hijos. Es un problema de salud pública y no podemos pretender que todas las mujeres que se queden embarazadas continúen con su embarazo. Es una irrealidad. La mujer tiene un derecho a decidir si quiere seguir adelante en la primera parte de su embarazo, como en la mayoría de los países de nuestro entorno. Los abortos dependen de la educación sexual y de la inmigración. Es importante la ayuda a la maternidad, como pasa en Europa. Si se ayuda a la madre desde el punto de vista económico va a haber menos interrupciones. Una ley más restrictiva aumentará el aborto clandestino.

Mariano Casado: La ética y la ley tiene que ir de la mano. La reforma planteada desde el punto de vista de la deontología nos parece satisfactoria, porque se protegería el derecho a la vida, se defenderían los derechos de la mujer gestante y es relevante tener en cuenta el derecho del médico, en lo que a objeción de conciencia se refiere.

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