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Lunes, 23 de enero de 2012   |  Número 25
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tribunales
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
La ley no favorece a los pensionistas con incapacidad permanente que trabajan respecto a los que no lo hacen
El alto tribunal destaca que el alcance de la revisión del grado de incapacidad admite diferentes posibilidades

Ricardo Martínez Platel. Madrid
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sobre el apartado 2 del artículo 143 de la Ley General de la Seguridad Social. Lo que se cuestiona es la existencia de una posible discriminación entre los pensionistas de incapacidad permanente que trabajan y aquellos que no lo hacen, en la medida que los primeros pueden acceder en todo momento a la revisión por agravamiento o mejoría de su grado de incapacidad declarado, mientras que los segundos deben esperar a que se cumpla el plazo de revisión que, con carácter vinculante, establecen resoluciones de reconocimiento del derecho.

El alto tribunal destaca que, frente al sentido único que contempla la argumentación judicial, el alcance de la revisión del grado de incapacidad admite diferentes posibilidades. Por un lado, la revisión puede serlo por agravación como por mejoría, de manera que el resultado de la revisión puede ser la mejora en términos económicos de la prestación reconocida, como la reducción o supresión de la misma. De otra, la revisión puede ser instada no sólo por la parte del pensionista sino también por la entidad gestora.

De esta manera, del precepto legal cuestionado no se desprende un tratamiento legal más favorable de los pensionistas que trabajan respecto de los que no, toda vez que de la no sujeción de la revisión de los plazos mínimos pueden derivarse tanto efectos favorables como desfavorables para el pensionista, en términos de mantenimiento, mejora o reducción de la prestación económica reconocida. Y en sentido contrario, la imposibilidad de instar la revisión antes de plazo del grado de incapacidad de los pensionistas que no trabajan actúa como límite no sólo a la posible iniciativa del pensionista sino a las facultades de revisión de oficio de la entidad gestora.

 

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