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Lunes, 09 de enero de 2012   |  Número 24
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TRIBUNALES
Complicación previsible pero inevitable
La necesidad imprescindible de la intervención rebaja la rigurosidad del CI
No existía alternativa a la operación quirúrgica a la que fue sometido el paciente

Ricardo Martínez Platel. Madrid
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha desestimado un recurso de casación interpuesto por un paciente, porque al tratarse de una urgencia la falta de información por escrito no genera responsabilidades de la Administración porque la necesidad imprescindible de la intervención rebaja la rigurosidad del previo CI documental.

Tribunal Supremo.

El paciente sufrió un accidente de moto y fue trasladado al hospital, con una fractura abierta de tibia, donde fue intervenido, quedando anotado como complicaciones previsibles la infección y la necrosis cutánea. Siete años y medio después fue diagnosticado de osteomelitis en tercio distal de tibia derecha. El informe forense acredita que la aparición de la osteomelitis no se puede achacar a un virus de quirófano, sino a una contaminación de la fractura de tibia. Cuando se le realizó la primera intervención estaba bajo la patria potestad de su abuela, a la que no se le informó verbalmente, ni formó CI.

El hecho de tratarse de una complicación previsible pero inevitable evidencia que no hubo mala praxis médica. Existen excepciones a la necesidad de previo consentimiento informado escrito para la realización de cualquier intervención cuando la no operación suponga un riesgo para la salud pública, cuando el paciente no esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso le corresponderá a un familiar o allegado y cuando la urgencia no permita demoras por poder ocasiones lesiones irreversibles o existir peligro de fallecimiento.

El alto tribunal subraya que el CI tiene por objeto asegurar la autonomía de decisión del paciente, que pueda estar así informado de los riesgos y ventajas que pueda suponer una determinada intervención, de manera que pueda discernir la conveniencia de someterse a la misma o acudir a tratamientos alternativos , o incluso cuidados paliativos. En el caso examinado no existía otra alternativa, pues ningún informe médico defiende lo contrario, por lo que no existe responsabilidad de la Administración.
 

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