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Lunes, 21 de marzo de 2011   |  Número 6
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EN PORTADA
LA COMISIÓN DE CIENCIA DEL CONGRESO APRUEBA LA NORMA POR UNANIMIDAD
La nueva Ley de Ciencia llega al Senado
Prevé la creación de una Agencia Estatal de Investigación y la mejora de la situación de los becarios


Leire Sopuerta Biota / Fotografías: Miguel Ángel Escobar. Madrid
La Comisión de Ciencia e Innovación ha aprobado la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación con el apoyo de todos los grupos salvo IU e ICV (tiene voz pero no voto en esta comisión). El diputado Gaspar Llamazares ha rechazado el texto al considerar que “no sólo no resuelve sino que profundiza en la precariedad de los investigadores”. Tras dos años de debate, la norma pasa directamente al Senado, al tener la Comisión competencia legislativa plena.

La Mesa de la Comisión de Ciencia e Innovación del Congreso, presidida por María Teresa Rodríguez Barahona.

Esta ley sustituirá a la anterior de 1986 y tiene como principal objetivo adaptar el sistema de ciencia, tecnología e innovación a la realidad actual del país. El texto propone la creación de una Agencia Estatal de Investigación que, a petición del PP, el Gobierno deberá constituir en un periodo máximo de un año tras la aprobación de la ley. Juana Serna, portavoz del Grupo Socialista, ha considerado “razonable” apoyar esta iniciativa porque la agencia “va a gestionar los recursos económicos destinados a este campo con mayor eficacia y eficiencia”.

Otro de los acuerdos alcanzados se refiere a la situación de los becarios. Serna ha explicado que, puesto que el Gobierno no puede legislar sobre esta figura en el sector privado, la ley exigirá contratos a las empresas que reciban subvenciones públicas. “Todos aquellos organismos que tengan ayudas del sector público tendrán que contratar y no dar becas”, ha remarcado.

Además, la nueva norma busca fomentar la colaboración entre los entes públicos y privados en materia de I+D+I y eliminar las trabas para los investigadores para moverse entre la empresa pública y privada. También recoge un contrato de investigador distinguido, destinado al científico nacional o extranjero de “reconocido prestigio”; la evaluación que en la actualidad pasan los científicos del Ramón y Cajal contará para el contrato de acceso; la oferta pública de empleo contendrá las previsiones de cobertura de plazas al servicio de los organismos públicos de investigación; e insta al Gobierno a elaborar la Estrategia Española de Innovación, a través de un plan estatal.

Críticas y alabanzas

En esta comisión, ERC e IU han compartido el tiempo de debate, si bien ha sido ERC quien ha votado, y además a favor. Para el diputado de IU Gaspar Llamazares ha habido una "ruptura de los preacuerdos" alcanzados sobre la contratación de los investigadores que ahora, tras la incorporación de una disposición adicional, se "empeora" porque no se aplica el límite de tres años en la duración de la contratación temporal por obra o servicios.

Llamazares ha sido el más crítico con el documento. Sus compañeros, sin embargo han alabado el documento. Para Francesç Canet, de Esquerra Republicana, supone “un impulso para la internalización de la ciencia y mejora de la I+D+i”; José Ramón Beloki, de PNV, cree que “es una ley para la sociedad y la economía en su conjunto”; Inmaculada Riera, de CiU, opina que es una norma “de cambio, crecimiento y competitividad”. El Partido Popular, aunque satisfecho, ha lamentado que se haya avanzado poco en la carrera profesional, en concreto en los modelos de contratación indefinidos, y en la movilidad de los científicos.

Incidencia sobre el personal médico

Según fuentes consultadas por Publicación de Derecho Sanitario, la nueva ley afectará  a médicos profesores de facultad, ya que les considera personal investigador. También predica la misma condición respecto del personal de las instituciones sanitarias que además de la actividad asistencial desempeñe actividad investigadora.

De la nueva ley se derivan entre otras cosas nuevos derechos como la participación en beneficios de la investigación. Este aspecto es llamativo pero de dicción poco clara, pues dice que esos beneficios nunca tendrán naturaleza retributiva o salarial, lo que puede ser interpretado de dos maneras: que el pago de beneficios es legal pero tal abono no sería considerado técnicamente retribución o salario sino que tendría otra consideración; o que no es legal la retribución en dinero.

 

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