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Martes, 26 de julio de 2011   |  Número 15
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ACTUALIDAD
EDUARDO MARTÍN, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE DERECHO SANITARIO
“La objeción de conciencia, como todo derecho, tiene sus límites”
El artículo 19.2 de la Ley Orgánica 2/2010 expone que podrán declararse objetores de conciencia los profesionales “directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo”

Ricardo Martínez Platel
El presidente de la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario, Eduardo Martín, se ha pronunciado sobre la objeción de conciencia de los médicos de Atención Primaria a informar sobre la interrupción del embarazo. Martín se declara “defensor de la objeción de conciencia, pero todo derecho tiene un límite, porque de otra manera los intereses personales y los generales se verían vulnerados”.

Eduardo Martín, presidente de la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario.

Primero fue el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga el que denegó la suspensión cautelar formulada por un médico de familia del Centro de Salud de la localidad malagueña de Antequera de declararse objetor en relación con el aborto y quedar excluido de las tareas de información y derivación de las mujeres, alegando razones de conciencia. Recientemente, el Juzgado Contencioso número 1 de Málaga ha suspendido la resolución administrativa que denegaba a los médicos de Atención Primaria la posibilidad de objetar al proceso de información del aborto voluntario.

Eduardo Martín ha explicado a Redacción Médica que el auto que dicta el juez del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Málaga, está basado en el artículo 19.2 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, donde queda reflejado que los profesionales sanitarios “directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo” podrán declararse objetores de conciencia.

El presidente de la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario considera que “donde la ley no distingue no cabe hacer distinciones, pero en este caso sí especifica y diferencia entre los profesionales sanitarios que intervienen en el proceso de una manera directa, de los que no lo hacen. El médico de atención primaria, que lo único que hace es informar al paciente, muchas veces simplemente entregando un sobre con los pasos a seguir, en mi opinión, en este caso, la objeción es difícil de mantener”.

El auto que dicta la jueza del Contencioso número 1 de Málaga, expone que el médico que alega la objeción de conciencia pueda ser sustituido. Sin embargo, como señala Martín “no podemos pensar sólo en las grandes capitales, porque en un pequeño pueblo donde sólo hay un médico, hay que tenerlo previsto, porque se produce un conflicto entre el derecho de la objeción y el derecho de interés general. Además, desde el momento que se admite la interrupción voluntaria del embarazo, está incluido como una prestación más del sistema público de salud, es un derecho de información que está por encima”. No obstante, Eduardo Martín cree que “el tema de la objeción de conciencia hay que valorarlo puntualmente, casuísticamente, uno por uno. No se puede tampoco generalizar”.

El presidente de la Asociación Andaluza ve “complicado que ninguno de los dos jueces revoquen la medida cautelar, pero el Contencioso número 3 va mucho más rápido y tiene menos colapso. En el Contencioso número 1 puede tardar unos 8 años”. Para Eduardo Martín “es una buena ocasión para que los legisladores tomen medidas y realicen una ley sobre objeción de conciencia. Es hora de normalizar y regular este asunto”.
 

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