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Lunes, 06 de febrero de 2012   |  Número 26
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SENTENCIAS COMENTADAS
Sentencia del Tribunal Supremo, de 2 de Noviembre de 2011
La obligación de informar no cambia cuando el paciente es médico de profesión

La Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha revocado una sentencia de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, por entender que ha de estimarse el derecho a un paciente a ser indemnizado por la Administración a la suma de 24.000.-€ por falta de información.

El paciente motiva que, ante la programada intervenido de fecha 25 de abril de 1997, la información recibida no fue completa porque se aludieron elementos importantes, como son la posibilidad de un tratamiento distinto, y la posible consecuencia de la paraplejia en este tipo de intervenciones, y que esta padeciendo el paciente.

Asimismo, tacha el paciente de discriminatorio el razonamiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que deduce el conocimiento de los riesgos de la operación por el hecho de que el paciente es médico de profesión. Expone el mismo que su especialidad es médico en pediatría y que este se separa bastante de la neurocirugía, por lo que es mucho suponer que sus conocimientos alcanzaban a poder valorar todas las posibles consecuencias de una intervención que se ha calificado como muy compleja.

La Sala entiende que no es lógico, por no existir un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, deducir de aquel hecho o circunstancia de que el actor sea médico pediatra, la consecuencia de que hubiera de tener conocimiento de los riesgos de la intervención quirúrgica a la que se sometía, y tampoco de las concretas técnicas que el estado de la ciencia ya había alumbrado para proporcionar la posibilidad de un mayor o mejor control de aquélla o de su disponibilidad efectiva en algún centro médico; ni lo es tampoco deducir de ella que sus compañeros médicos seguro le habían informado de todo ello.

Ante ello, la Sala finaliza recordando que sobre la Administración pesa la carga de probar que cumplió con su obligación que le imponía el Art. 10 de la Ley 14/1986 General de Sanidad de 25 de Abril, y además, la falta o insuficiencia de la información debida al paciente constituye en sí misma o por sí sola una infracción de la “lex artis ad hoc”, que lesiona su derecho de autodeterminación al impedirle elegir con conocimiento y de acuerdo con sus propios intereses y preferencias entre las diversas opciones vitales que se le presentan.

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