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Lunes, 27 de junio de 2011   |  Número 13
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TRIBUNALES
DISCRIMINACIÓN SIN JUSTIFICACIÓN OBJETIVA
La prohibición de abrir una oficina de farmacia por tener más de 65 años es inconstitucional
El procedimiento de ordenación del servicio farmacéutico de Castilla-La Mancha lo justificaba para garantizar la mejor prestación de un servicio de interés público

Ricardo Martínez Platel. Madrid
El Boletín Oficial del Estado ha hecho pública una sentencia en la que el Tribunal Constitucional ha declarado nulo el inciso “que tengan más de 65 años al inicio del procedimiento” del artículo 22.6 de la Ley 4/1996, de 26 de diciembre, de ordenación del servicio farmacéutico en Castilla-La Mancha.

Tribunal Constitucional.

Dicho artículo establece que “en ningún caso pueden participar en el procedimiento de instalación de una nueva oficina de farmacia los farmacéuticos que tengan instalada otra en el mismo núcleo de población en el que se solicita la nueva instalación o que se tengan más de 65 años al principio del procedimiento”.

La duda de constitucionalidad la plantea el órgano judicial al estimar que la prohibición establecida vulnera el principio de igualdad contenido en el artículo 14 de la Constitución Española, ya que incorpora una discriminación por razón de edad sin justificación objetiva.

La Junta de Comunidades y las Cortes de Castilla-La Mancha alegan que la prohibición no es contraria al principio de igualdad recogido en la Constitución ya que en numerosas ocasiones se ha utilizado la edad como criterio para regular el acceso a determinados puestos de trabajo. Y lo justifica para garantizar la mejor prestación de un servicio de interés público y que sobrepasada la edad indicada no pueden prestar el servicio con todas las garantías. Además, explica que es a esa edad cuando la mayoría de los españoles cesa en su actividad laboral.

Sin embargo, el Constitucional afirma que la edad es uno de los factores a los que alcanza la prohibición constitucional de fundar en ellos un tratamiento diferenciado a que no se acomode a las rigurosas exigencias de justificación y proporcionalidad. Así, no resulta constitucionalmente admisible justificar la prohibición contenida en la norma cuestionada en que a los 65 años la mayoría de los españoles en su actividad laboral. Según el fallo, “es difícil contrastar el modo incondicional con el que la prohibición se instrumenta Y resulta desproporcionado respecto al fin al que se orienta”.

La sentencia explica que “incluso la prohibición no sólo alcanza a los mayores de la citada edad, sino también a quienes siendo titulares de una oficina de farmacia en un núcleo de población concreto, pretendan acceder a una nueva autorización para otro núcleo distinto de la misma localidad”. En consecuencia, la norma cuestionada implica una discriminación por razón de edad que no es constitucionalmente admisible.
 

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