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Lunes, 05 de marzo de 2012   |  Número 28
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Josefa García Lorente, representante del consejo General de la Abogacía Española en el foro de Justicia y Discapacidad
“La protección de las personas que tienen una discapacidad se trata como un derecho fundamental a nivel profesional”
Aunque los artículos 43 y 39 de la Constitución Española no lo llegan a considerar así

Ricardo Martínez Platel / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
El Colegio de Abogados de Madrid, a través de su Centro de Responsabilidad de la Abogacía, ha mostrado su apoyo a la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder) en el área de promoción y defensa de los derechos de las personas que padecen estas patologías. Josefa García Lorente, representante del consejo General de la Abogacía Española en el foro de Justicia y Discapacidad, ha comentado que “el ordenamiento jurídico no está vacío de un contenido normativo que proteja a todos, desde los que tienen una enfermedad a los que no”.

Josefa García Lorente, representante del consejo General de la Abogacía Española en el foro de Justicia y Discapacidad.

Respecto a las enfermedades poco frecuentes, ha asegurado que “la Constitución Española tiene dos artículos claves, que no los llega a considerar derechos fundamentales, como son los preceptos 43 y 49, que se refieren a la protección del derecho a la salud y a la protección específica de las personas que tienen reconocida una discapacidad”, aunque ha reconocido que “a nivel profesional sí que se tratan como derechos fundamentales”.

En 2008, entró en vigor en España, el Convenio de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, firmado en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y ratificado posteriormente por una veintena de países. Estas naciones estarán jurídicamente obligadas a tratar a las personas con discapacidad como sujetos de derecho con derechos claramente definidos. Lo que trata de hacer la convención es elaborar detalladamente los derechos de las personas con discapacidades y establecer un código de aplicación, que se proyecte mas allá de las normas internacionales y nacionales que ya han desarrollado algunos aspectos de la materia.

Para Josefa García Lorente “cuando hablamos del derecho de defensa, nos estamos refiriendo a la facultad del individuo para establecer un marco de actuación individual y colectiva en el que pueda sentirse seguro” El derecho de defensa se hace extensivo a todos los ciudadanos y con más intensidad a las personas con discapacidad en la medida en que las mismas están contempladas de forma directa también en el texto constitucional, si bien no con la proyección especial de derecho fundamental sino como contenido de la política social y económica en el artículo 49 del texto constitucional. Este tratamiento específico, hay que relacionarlo para no limitarse a un mero principio de política social y económica con el artículo 14, del texto constitucional en la medida en que proscribe la discriminación.

Por su parte, Claudia Delgado, directora de Feder, ha pedido que se “garanticen la atención efectiva de todas las personas con enfermedades raras en cada comunidad autónoma, así como que se conceda un tratamiento similar al de los pensionistas en relación a las medidas de copago de la sanidad española”. La portavoz ha manifestado que Feder no descarta llevar a cabo acciones jurídicas contra las autoridades sanitarias por vulneraciones del derecho a la salud en igualdad de condiciones, si bien de momento prefiere optar por "el diálogo", sobre todo, ante la creación de un nuevo Gobierno.

"Ninguna persona con una enfermedad poco frecuente debe vivir sin acceso al diagnóstico, al tratamiento y a las prestaciones sociales, incluyendo las etapas más severas de su enfermedad, desde su nacimiento y a lo largo de toda su vida", ha aseverado. Entre las principales barreras a las que se ha referido se encuentran las dificultades para obtener los fármacos que forman parte del tratamiento habitual de estas personas así como el acceso a la rehabilitación o a las terapias en unidades de dolor. Se han observado también limitaciones en los tratamientos de uso compasivo y medicamentos huérfanos, una problemática que ha retratado Ana Suárez, madre de un niño con síndrome de Lowe.
 

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