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Lunes, 16 de abril de 2012   |  Número 31
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EL SUPREMO DESESTIMA UN RECURSO DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID
La receta electrónica privada es controlada por el consejo general de las organizaciones colegiales
La entidad colegial entendía que al estar la sanidad cedida a las comunidades autónomas, resulta contradictorio que se la someta al control de una entidad de ámbito nacional

Ricardo Martínez Platel. Madrid
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha desestimado un recurso del Colegio de Médicos de Madrid contra el Real Decreto 1718/10 de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación.

En concreto la entidad colegial pedía la nulidad de los artículos 4.3 y 14.4. El primero de ellos señala que “las entidades, establecimientos o servicios y los consejos generales de las organizaciones colegiales de corporativas de médicos, odontólogos, podólogos y enfermeros con actividad privada y/o libre ejercicio profesional, serán responsables de la edición, gestión, control e inspección de la impresión, distribución y entregas de sus talonarios e impresos de recetas médicas y órdenes de dispensación”, el otro artículo especifica que “los tratamientos prescritos al paciente en receta médica privada electrónica podrán ser dispensados en cualquier oficina de farmacia del territorio nacional”, por lo que para garantizar este derecho a los pacientes, el procedimiento de homologación del sistema de receta privada electrónica debe posibilitar su interoperabilidad.

Para el Colegio de Médicos de Madrid, al estar la sanidad cedida a las comunidades autónomas, resulta contradictorio que, para la receta electrónica pública, existan regulaciones autonómicas diferenciadas, y en cambio a la receta electrónica (y también en papel) privada se la someta al control de una entidad de ámbito nacional, como es el consejo general de todas las organizaciones colegiales corporativas.

El Supremo recuerda que no basta con “lanzar al tribunal que una norma reglamentaria quebranta un conjunto de preceptos legales, sino que es preciso argumentar esa contravención a fin de mostrar la infracción que se aduce”. En este caso la parte recurrente se ha limitado a “enunciar el contenido de los preceptos que afirma vulnerados por la disposición impugnada", sin mostrar esa dependencia y quebranto del principio de legalidad.

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