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Lunes, 06 de febrero de 2012   |  Número 26
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EN PORTADA
MODIFICACIÓN LEGAL PARA QUE SEA NECESARIO EL CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES
La reforma de la ley del aborto incorporará medidas para que las mujeres puedan optar por otra decisión
Los ministerios de Justicia y Sanidad trabajarán conjuntamente

Redacción. Madrid
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha avanzado que la anunciada reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo incluirá medidas para que las mujeres que se vean en situación de abortar "puedan optar por otras decisiones".

Ana Mato, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

"Plantearemos propuestas en el sentido de apoyar a las mujeres que se puedan ver en esa situación y tratar de ayudarlas para que puedan optar por otras decisiones", ha señalado. Mato ha afirmado que "aún no se confirma" que el Gobierno vaya a derogar la ley actualmente en vigor y ha apuntado que, en todo caso, se emprenderá "una modificación legal para que las niñas no puedan abortar sin consentimiento ni conocimiento, fundamentalmente, de sus padres".

"Creemos que es nuestra obligación cuidar de que en un momento tan difícil de su vida como puede ser el de enfrentarse a un aborto puedan contar con el apoyo de sus padres", ha destacado. Asimismo, ha recordado que esta fue la posición del Partido Popular durante la tramitación de la ley actualmente en vigor y también durante la campaña. "Es un compromiso electoral que vamos a cumplir inmediatamente", ha añadido.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha explicado que la reforma fijará una serie de "supuestos" y no de plazos, como actualmente está estipulado, en los que el aborto estará despenalizado, es decir, se permitirá sólo en una serie de circunstancias que concretará el ejecutivo.

Gallardón ha señalado que "en aquellos supuestos en los que el legislador entiende que por las circunstancias que se dan, que serán las que determine el legislador, no hay reproche penal, la mujer podrá interrumpir su embarazo, pero, en todo caso, tendrán que darse esas circunstancias". Según ha señalado, "siempre el concebido y no nacido es sujeto de protección jurídica", aunque esto "no significa de ninguna de las formas que en todos los supuestos la interrupción voluntaria de embarazo vaya a suponer un reproche penal".

"Es un sistema que funciona en los grandes países occidentales y creo que es lo que el Tribunal Constitucional nos dijo que tenía que hacer el legislador", ha añadido. Sobre este asunto, ha explicado que el PP no tiene intención de esperar a que el Alto Tribunal se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad que plantearon contra la norma porque "ya se ha pronunciado", aunque "muchas veces se obvia", y "ya ha dicho cómo se tiene que interpretar la defensa del derecho a la vida y la no penalización de determinados supuestos" de aborto.

Gallardón se refería así a la sentencia dictada por el Constitucional en 1985 en relación a la normativa en materia de aborto aprobada aquel mismo año, que, según ha dicho, "marcó claramente que la despenalización, es decir, el supuesto de interrupción del embarazo, no podía suponer en ningún caso la desprotección de los derechos que el concebido y no nacido tiene reconocidos por la propia Constitución".

Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia.

"La última reforma que hizo el Partido Socialista obvió absolutamente esa protección, es decir, no dijo, como decía la ley anterior, que el concebido tiene derecho a la protección aunque hay supuestos que entran en colisión con otros derechos, y que en esos casos, no hay ningún tipo de reproche penal", ha apuntado. En su opinión, lo que dijo el legislador con la última norma es que "antes de determinado plazo ni siquiera se para a considerar los derechos del concebido y no nacido". "Eso es lo que dijo el Tribunal Constitucional que no se podía hacer y volvemos por lo tanto a su doctrina", ha añadido. Además, se ha referido a la cuestión de que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno, previsión de la ley vigente que a juicio de Gallardón es un "error" porque implica que en España "una menor de edad tenga que pedir permiso a sus padres para hacerse un piercing o un tatuaje y sin embargo legalmente pueda interrumpir su embarazo sin ni siquiera comunicárselo".

Reacciones

Las reacciones no se han hecho esperar. Tanto el candidato a la Secretaría General del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, como la exministra de Sanidad, Leire Pajín, han censurado el anuncio de Alberto Ruiz-Gallardón porque supondrá "volver" a la norma aprobada en 1985 y un "retroceso inaceptable para las mujeres". Pajín ha criticado al Gobierno de Mariano Rajoy por esconder sus "verdaderas intenciones" y ha reprochado al titular de Justicia que no se haya extendido más sobre en qué va a consistir la revisión de la Ley del Aborto que ha adelantado en el Parlamento, al mismo tiempo que ha recordado que la doctrina constitucional en la que el Gobierno piensa trabajar para reformar la normativa ya se recoge en la vigente normativa de marzo de 2010.

Por su parte, el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, ha expresado su satisfacción ante el anuncio realizado por el ministro de Justicia. Rodríguez Sendín ha afirmado que “responde a nuestra petición en pleno debate de la ley, aprobada en marzo de 2010, porque se ha reconsiderado algo que para nosotros era un agujero importante, ya que la menor necesita apoyo claro y definitivo de alguien para tomar una decisión tan importante. Desde la OMC siempre defendimos esta postura porque el apoyo es más importante y menos peligroso que lo contrario y se nos tuvo en consideración en parte porque se modificó de alguna manera y quedó la salvedad de que pudiera ser que no tuviera el permiso de los padres cuando tuviera una mala relación”.

Rodríguez Sendín cree que “es mejor que esto se corrija y que la menor, que para eso es menor, ante un hecho tan traumático, sea acompañada o tenga el permiso, al menos, de uno de sus padres” y reitera la postura expresada ya por la OMC de que “las menores necesiten permiso de los progenitores, o en el caso de que no los tuviera, de su representante legal”.

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