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Lunes, 09 de enero de 2012   |  Número 24
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Pretende que se cumplan sus fines constitucionales
La Sala de lo Civil del TS fija nuevos criterios sobre los recursos para evitar que dilaten indebidamente los procesos
El acuerdo tiene carácter orientador para la unificación de las prácticas procesales

Redacción / Ricardo Martínez Platel. Madrid
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha alcanzado un acuerdo sobre los criterios interpretativos que deberá reunir el recurso de casación y el extraordinario por infracción procesal tras la entrada en vigor de la Ley de Medidas de Agilización Procesal.

Juan Antonio Xiol Ríos, presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo.

La Ley de medidas de Agilización Procesal reformó recientemente la Ley de Enjuiciamiento Civil y estableció la novedad de que "por primera vez en España se abra el acceso al recurso de casación a todos los litigantes, con independencia de la cuantía económica del pleito", según señala en un comunicado el alto tribunal. Ante la entrada en vigor de esta norma, la Sala Primera se reunió a mediados de noviembre para elaborar "con una razonable urgencia" los criterios que se consideran precisos para la aplicación de las reformas introducidas en la Ley.

El acuerdo de la Sala alcanzado sustituye al de 12 de diciembre de 2000, dictado con finalidad análoga a raíz de la promulgación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las nuevas reglas se estructuran en cuatro partes, referidas a las causas de inadmisión de los recursos, los tipos de resoluciones recurribles, el concepto de interés casacional, los motivos del recurso y el régimen temporal de aplicación de las reformas.

El acuerdo tiene carácter orientador para la unificación de las prácticas procesales y pretende que el recurso de casación cumpla sus fines constitucionales y "no se transforme, como lo fue hace algunos años, en un instrumento de dilación indebida" del proceso civil, con "efectos negativos" para la seguridad jurídica y la vida social y económica.

Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de La Coruña y académico de número de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, explicaba a esta publicación que con la Ley de agilización procesal se modifican tres leyes: la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Una de las novedades más relevantes, es la actualización de la cuantía mínima para recurrir en casación en los órdenes contencioso-administrativo y civil, que se eleva sustancialmente de los 150.000 euros hasta entonces precisos. Según Bello Janeiro “no debe percibirse con disfavor en principio dentro de la filosofía legal general de intentar producir uno de los avances procesales más profundos y dotar a la congestionada administración de justicia de eficaces medidas en aras a la agilización procesal, pues ello, en principio, debería de suponer siempre una mejor defensa de los derechos de los ciudadanos, en nuestro caso tanto de médicos como de pacientes”.

 

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