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Lunes, 05 de noviembre de 2012   |  Número 35
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ENTREVISTA A LUIS GIL, MAGISTRADO EMÉRITO DEL TRIBUNAL SUPREMO
“Las demandas colectivas en el ámbito sanitario favorecen al débil frente a los poderosos”
Considera que la existencia de asociaciones que asuman la defensa de los derechos de los pacientes es una ventaja

Ricardo Martínez Platel / Imagen: Diego S. Villasante
Las demandas colectivas en el ámbito sanitario son cada vez más frecuentes y ha puesto de manifiesto la necesidad de la ampliación de la normativa vigente como sucede en algunos países de la Unión Europea, ya que en España existe una dispersión de la regulación de las acciones colectivas. Luis Gil, magistrado emérito del Tribunal Supremo, ha asegurado a Publicación de Derecho Sanitario “que es una ventaja la existencia de asociaciones que asuman la defensa de los derechos de los pacientes porque lo facilitan”.

Luis Gil entiende que las asociaciones tienen los medios para respaldar a los paciente.

Han transcurrido diez años desde la aprobación de la Ley de Autonomía del Paciente. Desde entonces se ha registrado un considerable avance que ha situado al paciente como centro del sistema sanitario. ¿Es necesaria una mayor sensibilización social sobre la importancia que tienen esos derechos?
Hay que partir de la base de que indudablemente los derechos del paciente encierran una enorme importancia. Se trata del derecho a la salud, que es el primero dentro de los derechos de la persona. La existencia de la Ley de Autonomía del Paciente supuso un paso muy grande no ya para el reconocimiento, sino en la aplicación directa y posibilidad de ejercer los derechos. Partiendo de esa base, convendría reforzar más la posibilidad del ejercicio de esos derechos otorgando al paciente la opción de defenderse y de evitar que se puedan producir situaciones perjudiciales para el mismo. En este ámbito nos encontramos con una posibilidad evidente de que se produzcan situaciones perjudiciales para las personas. Hay que tender a conceder los derechos al paciente con la finalidad de que las situaciones de perjuicio se den lo menor posible. Su erradicación es imposible, pero hacia ese objetivo hay que encaminarse.

¿Es imprescindible asentar los intereses de los pacientes a partir del reconocimiento y la regulación de un conjunto de derechos colectivos?
La diferenciación entre derechos colectivos y derechos individuales a veces no es demasiado sencilla. En principio, el derecho del paciente es individual. La colectividad se pone de manifiesto en el momento en que se produce la situación anómala, injusta e ilícita que afecta a un número amplio de paciente. Cuando un paciente no recibe la adecuada prestación del servicio médico y se le causa una serie de daños, esa persona de modo individual puede reclamar. Otra cosa es que existan asociaciones que respalden su derecho y le facilitan la posibilidad de efectuar su reclamación. Estamos hablando de una reclamación a nivel individual. Es verdad que pueden darse casos de afectación colectiva. Evidentemente es una ventaja la existencia de asociaciones que asuman la defensa de los derechos de los pacientes en esas situaciones porque lo facilitan. Si una persona actúa sola siempre se encuentra mucho más inerme frente a esa posibilidad de reclamación. Sin embargo, si encuentra un respaldo tiene los medios adecuados para realizar ese tipo de actuaciones y siempre le será más sencillo la opción de llevar a cabo esa actuación. Lo que se pretende con estas acciones de tipo colectivo es favorecer al débil frente a los poderosos.

El magistrado emérito cree que sería lógico que las asociaciones de pacientes tuvieran un reconocimiento diferente a las de consumidores.

Las asociaciones de pacientes consideran que, deberían contar con un marco regulatorio propio y con un Registro propio, dejando de estar diluidas en el Registro General de Asociaciones del Ministerio del Interior.
Prescindiendo de la situación real existente, me parece lógico que las asociaciones de pacientes tuviesen un reconocimiento diferente de lo que son las asociaciones de consumidores y usuarios. El paciente es algo más, porque es una persona que se ve mermada en su salud. La diferencia se podría calificar de esencial. De ahí, sería conveniente por esa particularidad que pudiesen actuar con independencia con todas las ventajas que eso le suponen.

¿Sería positiva la incorporación de la representación de los pacientes a los correspondientes órganos consultivos?
Si se les reconoce ya como algo distinto de las asociaciones de consumidores y usuarios, sería lógico que eso llevase consigo esa posibilidad de actuación con la constitución de los órganos adecuados. Si no se hace así y estamos actuando dentro del ámbito como una asociación más de consumidores, podría ser un camino el reconocimiento dentro de los órganos de las asociaciones de consumidores, para que los pacientes tuvieran una voz propia. Sería conveniente dotarle de los órganos adecuados.

¿Los requisitos de legitimación procesal deberían ser regulados con precisión, al igual que ya se ha hecho en otros Estados Miembros de la Unión Europea?
En principio, la legitimación procesal tal como está regulada en España es suficientemente orientativa. La mayor limitación venga por la regulación de la condición representativa que se le pueda otorgar a una asociación de consumidores. Tal como está estructurado no cumple las condiciones adecuadas para que cualquier entidad que representase a un determinado colectivo de cierto ámbito pueda actuar en su nombre, con todas las facultades que la ley le reconoce. No es claro en relación con los consumidores en general. Hay un déficit en la legislación española que sería conveniente objetivar.

¿Habría que vigilar la utilización de la clausula de "cuota litis" (pleito a porcentaje) en las demandas colectivas en el ámbito sanitario?
El problema del pacto de cuota litis es viejo dentro del ámbito del ejercicio profesional de la profesión de abogado. Quizás por influencia de otros derechos, muy diferentes del Derecho español, se están produciendo una serie de abusos que pueden ser relevantes. La existencia de la cuota litis da lugar a que haya ciertos abogados que pueden llevar a cabo una serie de actuaciones que no se conforman demasiado bien con las necesidades éticas. El hecho de intentar captar con todo tipo de medios a clientes no es lícito. Además puede ser un acicate para que se multipliquen las reclamaciones sin que tengan un verdadero fundamento.

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