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Lunes, 10 de octubre de 2011   |  Número 18
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EN PORTADA
César Nombela, catedrático en Microbiología y miembro del Comité de Bioética de España
“Las leyes del aborto no son pacíficas”
Le parece coherente que el PP derogue la ley de interrupción voluntaria del embarazo si gana las elecciones del 20-N

Ricardo Martínez Platel / Imagen: Miguel Ángel Escobar
César Nombela estudió en el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid, se licenció en Farmacia y Ciencias Químicas en la Universidad Complutense de Madrid y en 1972 se doctoró en la Universidad de Salamanca. En los siguientes tres años trabajó en la Universidad de Nueva York con Severo Ochoa y en el Instituto Roche de Biología Molecular. En 1975 volvió a España, ingresó en el Instituto de Microbiología Bioquímica del CSIC en Salamanca y más tarde en la Universidad Complutense, donde obtuvo la cátedra de Microbiología en el Departamento de Microbiología II de la Facultad de Farmacia De 1996 a 2000 presidió el CSIC. Ha presidido también el Consejo Nacional de Especialidades Farmacéuticas y la Federación Europea de Sociedades de Microbiología, entre otros organismos. Pertenece a la Academia Europea y desde 2006 es académico de número de la Real Academia Nacional de Farmacia.

Creador y Director del Centro de Secuenciación Automatizada de DNA de la Universidad Complutense. Presidente de la Fundación Carmen y Severo Ochoa por nombramiento testamentario del Nobel. Además de la labor gestora y de investigación ha prestado también asesoramiento en bioética desde el Comité Asesor de Ética para la Investigación Científica y Tecnológica y el Comité de Bioética de la Unesco, entre otros. En el año 2007 fue elegido para formar parte del primer Comité de Bioética de España.

¿Por qué la Bioética cada vez está más presente?
Así es y es una necesidad. El ser humano es el único capaz de un comportamiento ético. La ética ha sido objeto de reflexión desde que existe el hombre y se plantea sus obligaciones. El término “bioética” es un hallazgo feliz que aparece a partir de los años 70 porque la biología y la biomedicina han progresado de tal manera que han planteado nuevas iniciativas, sobre todo en forma de intervención.

Nombela considera que el Comité de Bioética de España debería recibir más consultas.

¿Qué opina de proliferación de comités de ética?
Los comités suponen una forma de representación de las actividades con una vertiente ética. En este sentido, me parece que son necesarios. En la Bioética actual aportan un trasfondo de análisis de las cuestiones, a través de expertos y representantes de grupos. El hecho de que proliferen supone que existen muchas circunstancias que deben ser objeto de deliberación. En algún caso sería necesaria una simplificación, pero son un vehículo para poner sobre el tapete los caminos a seguir en conflictos éticos.

En ocasiones se les acusa de que no tienen demasiado peso.
Depende de quién lo crea y con qué objetivo. Sería necesario que hubiera verdaderos expertos que tengan capacidad de analizar la moralidad de ciertas cuestiones. El Comité de Bioética de España, creado por la Ley de Investigación Biomédica de 2007, al que yo pertenezco, no ha sido sometido a ninguna consulta. El comité ha analizado cuestiones por iniciativa propia, como un informe sobre la ley del aborto.

En Andalucía habrá representantes de la ciudadanía en dichos comités, ¿qué le parece?
La participación ciudadana conjuntamente con otros expertos tiene tradición en los países nórdicos, porque se estima que responde al criterio de que los intereses de las partes implicadas deben estar representados. En este sentido, no me parece mal que haya una representación ciudadana.

Al catedrático le parece coherente la postura del PP sobre la ley del aborto.

Ana Pastor ha comentado que, de llegar el PP al gobierno, la intención es derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Me parece un planteamiento coherente de la secretaria de políticas sociales del PP. El PP se opuso a esta ley, que aprobó el parlamento hace dos años. El PP ha recurrido porque considera que tiene planteamientos inconstitucionales. La Constitución Española reconoce el derecho a la vida desde la concepción y establece la protección de ese derecho. La misión del aborto provocado, con el eufemismo de llamarlo “interrupción voluntaria del embarazo” estimo que se opone a los preceptos constitucionales. La aprobación fue una circunstancia coyuntural, con mayoría parlamentaria pero sin consenso en la sociedad. Encontramos algunos matices paradójicos como el del Partido Nacionalista Vasco, cuya ideología y tradiciones no estarían en esta línea, pero que votaron a favor a cambio de otras concesiones económicas. Produce repugnancia que se puedan apoyar iniciativas parlamentarias en cuestiones de principios tan a la ligera. Las leyes de aborto no son pacíficas. En Estados Unidos, hay encuestas que tiene en contra a la mitad de los ciudadanos. Las sociedades occidentales no han llegado a un punto satisfactorio de consenso en principios éticos. Esperamos que la decisión del PP se cumpla.

Una de las leyes que por el adelanto electoral han quedado aparcadas, es la conocida coloquialmente como la ley de la muerte digna. ¿Cuál es su opinión sobre esta norma?
La norma, tal y como se había formulado, también en Andalucía, Aragón y Navarra, es innecesaria. La atención al enfermo terminal requiere leyes de las que ya disponemos. La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias o la Ley de Autonomía del Paciente suponen un cuerpo legislativo suficiente como para atender a una cuestión que hay que reconocer es difícil a través de los casos límite que se plantean. Son leyes que bordean la eutanasia, que proclaman que no es su aprobación, pero establecen que en muchos casos el médico deberá llevar a cabo propuestas que se apartan de su deontología y de la lex artis. Intentaban unificar criterios y lo único que han sembrado es confusión, ya que limitan la actuación del médico.

¿Dónde está el límite entre la atención imprescindible a un enfermo grave o terminal y lo que se ha dado en llamar “encarnizamiento terapéutico”?
El límite en la mayor parte de los casos va a estar claro. Hay que aceptar la muerta natural, aquella que nos es acelerada deliberadamente, pero que tampoco es demorada de una forma artificial y sin sentido. El sentido común debe primar. Nunca un médico puede suministrar un tratamiento mortal al paciente, aunque éste se lo pida. La experiencia y la formación dictar con más claridad lo que debe hacerse en estas situaciones terminales, que cada vez se dan con más frecuencia. En ningún caso la salida debe ser la eutanasia, ni decisiones administrativas para retirar un soporte de hidratación a un enfermo cuando el clínico no opina igual.

En teoría, esta norma daba prioridad a la voluntad del paciente, por encima de las decisiones de los facultativos. La objeción de conciencia es otro asunto que siempre está de actualidad, pero los profesionales no parecen sentirse muy respaldados.
La objeción de conciencia es una parte del derecho a la libertad de conciencia que les asiste a los profesionales. Algunos proclaman que es algo muy nuevo, pero las situaciones que se plantean cuando se apela a ella, son situaciones que se han plateado las sociedades modernas y que en un pasado no muy lejano se consideraba como algo descartable. Sin embargo, se han aprobado en países democráticos con un consenso muy precario. La reserva de la libertad de objeción para el profesional me parece fundamental y no se trata de reclamar un derecho sin límite, sino un derecho a no actuar. Porque es una objeción de conciencia, pero muchas veces con un componente absolutamente científico. Un profesional que conoce el desarrollo de la vida humana desde sus inicios entiende con toda legitimidad que la ciencia establece que es una etapa del ser humano. Hay muchos objetores al aborto se basan en el estado del conocimiento científico. Creo necesaria una regulación necesaria de este derecho. Muchos admiten que no es un derecho fundamental, pero es difícil que nieguen que sea un derecho derivado. Tiene que proclamarse como un derecho a no intervenir en algunas cuestiones. Aunque no participen en el acto, están obligados a asistir al paciente, porque no le libera de su responsabilidad.

César Nombela da su opinión sobre la objeción de conciencia.

Hace unos meses, surgió una polémica en Málaga a raíz de que un médico de primaria se negó a informar sobre la interrupción del embarazo. ¿Debe prevalecer aquí la objeción de conciencia a pesar de que no intervienen directamente?
Es una situación límite. La objeción de conciencia tiene que ser lo suficientemente amplia como para que el sanitario no colabore en ello. El enfermo tiene muchas formar de informarse, pero el médico objetor debe disponer de la capacidad suficiente como para ejercer esa objeción. No sólo afecta al médico, también le pasa al farmacéutico que no está dispuesto a dispensar fármacos que tienen esos fines.

¿Cómo valora el registro de objetores?
Dentro del contexto de la objeción de conciencia se plantea que para poderse reconocer y ejercitar hay que hacer una declaración expresa. Sí es compatible con esa libertad, pero no debe conllevar en ningún caso discriminación, ni para el médico, ni para las instituciones para las que presta sus servicios.

¿Qué opinión le merece el nuevo Código Deontológico de la OMC?
Encuentro en el código una inmensa mayoría de pronunciamientos excelentes. Una ética exigente que establece la deontología médica al servicio de la vida, del enfermo y de la salud. Es un buen código, aunque ha despertado cierta polémica en lo que se refiere a la obligación del médico de informar, pero hay un amplio abanico de posibilidades para plantear alternativas para no abortar.

Como miembro de la comisión científica del Congreso Nacional de Derecho Sanitario, ¿podría hacer una valoración del trabajo que ha desarrollado en estos años la Asociación Española de Derecho Sanitario, que preside Ricardo de Lorenzo?
Es una asociación con una intensa actividad en un tema que cada vez requiere más actuaciones. La interacción y diálogo es fundamental. Es dinámica y los profesionales encuentran cauces para perfeccionar su formación y fomentar el debate. El congreso que celebra anualmente se ha convertido en un punto de encuentro entre profesionales del mundo sanitario y juristas.
 
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