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Lunes, 05 de noviembre de 2012   |  Número 35
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ACTUALIDAD
II Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario
“Las listas de espera son una manifestación de un sistema público y gratuito”
Joaquín Cayón, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria, afirma que cuando bajan es porque “desciende el número de ciudadanos protegidos”

Ricardo Martínez Platel. Sevilla
Dentro del panel dedicado a los retos y desafíos de los sistemas de salud del II Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario, Joaquín Cayón, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria, ha analizado los conflictos entre salud y el tiempo, así como las herramientas normativas para la problemática de las listas de espera. Cayón ha expuesto que “todo sistema de salud debe reconocer la accesibilidad, integralidad, calidad y el tiempo”.  En este punto se ha referido a las listas de espera, que las conforman “un conjunto de pacientes que están pendientes de recibir prestación, siempre que la demora no esté indicada por los médicos y tampoco se deba a la voluntad de los pacientes”.

Joaquín Cayón, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria; Fernando Rovira, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay; la moderadora Patrocinio Rodríguez; Claudia Madies, directora del Centro de Estudios e Investigación en Derecho Sanitario y Bioderecho de la Universidad Isalud de Argentina; y Raíl Ayuch, presidente del Instituto de Obra Social del Empleado Público Provincial de Argentina.

Según Cayón, la lista de espera “es un desequilibrio entre oferta y demanda asistencial, aunque la solución no se centra en el incremento de la oferta, en este caso más profesionales, ya que cualquier oferta asistencial en el sistema público, tiende a ser absorbida por la demanda”.  Según el profesor, “el reintegro de indemnizaciones por demoras son instrumentos insuficientes”, y ha asegurado que “las listas de espera son una manifestación de un sistema público y gratuito”, ya que cuando bajan las estas listas, es porque generalmente “baja el número de ciudadanos protegidos”.  El letrado se ha mostrado partidario de potenciar los criterios de priorización, además de una reducción autonómica de las plazas máximas o de prestaciones garantizadas y ha apelado al “aprovechamiento de la ampliación de la jornada por realización gratuita de programas especiales”.

Por su parte, Claudia Madies, directora del Centro de Estudios e Investigación en Derecho Sanitario y Bioderecho de la Universidad Isalud de Argentina, ha explicado un análisis comparado de la legislación sobre la calidad de atención y seguridad del paciente en América Latina, España y la Unión Europea. En el caso español, existe una priorización del Derecho Europeo y una jerarquización normativa como principio, ya que las normas estatales y autonómicas se sujetan al principio de competencia. Madies ha asegurado que todas las normas relacionadas con la sanidad coinciden en la potestad de la autoridad de la salud, pero existe una confusión entre derechos reconocidos y garantías.

Por último, Fernando Rovira, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay, ha señalado el interés existente en todos los países de la protección de sus bienes jurídicos, entre los que se encuentra la salud y la vida. En el ámbito de la relación laboral, hay una intención de que los trabajadores estén protegidos de riesgos específicos peligrosos, por lo que el interés genérico se caracteriza por la protección de la salud y la seguridad en el trabajo.
 
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