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Lunes, 30 de mayo de 2011   |  Número 11
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SENTENCIAS COMENTADAS
4 DE MARZO DE 2011
Los efectos que origina la falta de información están vinculados a la clase de intervención
Sentencia del Tribunal Supremo núm. 101/2011 (Sala de lo Civil, Sección 1)

Los hechos objetos de la presente resolución tienen origen en la intervención a la que se sometió una paciente, de 30 años en el momento de los hechos, Junio de 1998, concretamente intervención de fistula perianal.

La paciente baso su reclamación en la inexistencia de consentimiento informado antes de someterse a la intervención, de la que salió con una incontinencia fecal absoluta, dificultades para mantener relaciones sexuales, trastornos depresivos y de la personalidad y perjuicio estético, solicitando una indemnización por daños y perjuicios materiales y morales que, tomando como orientativo el sistema para la valoración de los causados en accidentes de circulación del año 2005 cuantifico en 582.026,04 euros.

La Sentencia de Instancia estimó parcialmente la demanda, entendiendo probado que no se recabó de la paciente el consentimiento informado y que existe relación de causalidad entre la incontinencia fecal que sufre la actora y la intervención quirúrgica a la que fue sometida, condenando a los demandados a indemnizar a la reclamante por daño moral en la suma de 18.000 euros. Tras recurrir esta decisión tanto la paciente como una de las codemandadas, la Audiencia Provincial de Mallorca, estimo parcialmente el recurso de la paciente fijando el importe de la indemnización en la cantidad de 36.000 euros.

Nos recuerda la presente resolución que los efectos que origina la falta de información están especialmente vinculados a la clase de intervención: asistencial o satisfactiva, “teniendo en cuenta las evidentes distinciones que la jurisprudencia de esta Sala ha introducido en orden a la información que se debe procurar al paciente, más rigurosa en la segunda que en la primera dada la necesidad de evitar que se silencien los riesgos excepcionales ante cuyo conocimiento el paciente podría sustraerse a una intervención innecesaria o de una necesidad relativa (SSTS de 12 de febrero de 2007 ,23 de mayo ,29 de junio (RJ 2007, 3871) y28 de noviembre de 2007 (RJ 2007, 8428) ;23 de octubre 2008 (RJ 2008, 5789) )”.

Establece la presente resolución que estas circunstancias plantean un doble problema: en primer lugar, de identificación del daño: corporal, moral y patrimonial; en segundo, de cuantificación de la suma indemnizatoria.

En este caso, el daño que indemniza la sentencia es exclusivamente el moral y lo cuantifica teniendo en cuenta la única secuela acreditada -incontinencia fecal moderada-, sin hacerla coincidir con la que resultaría de la gravedad y trascendencia de la misma, como si se hubiera causado directamente por una deficiente actuación médico-quirúrgica, puesto que se concreta a partir de una valoración discrecional de la compensación que corresponde al daño moral previa ponderación de aquellas circunstancias que la sentencia estima relevantes desde el punto de vista de la responsabilidad médica, “valora las distintas circunstancias que se han derivado de la intervención respecto de los bienes básicos de la paciente, en lo que más parece una fracción compensada del daño corporal que un daño moral: secuela, padecimiento, conducta de la propia paciente y valoración del daño consignado en el baremo de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor (RCL 1968, 690); sin que la recurrente invoque en su escrito de interposición del recurso de casación hecho alguno, entre los admitidos como probados por la sentencia de apelación, que pudieran haber sido tomados en consideración, a partir de un juicio de probabilidad cualificado, del que pueda deducirse una indemnización distinta causalmente vinculada a una mayor probabilidad de actuación alternativa, médica o personal, si el acto médico se hubiera ajustado a la lex artis proporcionado a la paciente la información siguiente a una intervención que se califica de necesaria: sopesar las consecuencias del tratamiento, consultar otro diagnóstico o de dilatar la intervención, con una derivación también distinta del daño patrimonial, que no se imputa a la falta de información ni a una mala praxis en la intervención por parte del cirujano, y que tampoco figura como hecho probado en ninguna de las sentencias basadas exclusivamente en el daño moral, cuyo importe se fija en un porcentaje prudencial sobre la suma que la parte recurrente podía haber obtenido según sus expectativas; razón por la cual la sentencia no vulnera el principio de total indemnidad que preside el instituto de la responsabilidad civil extracontractual regulada en los artículos 1902 y siguientes del Código civil (LEG 1889, 27), en un ámbito en el que la fijación de la cuantía de las indemnizaciones por resarcimiento de daños materiales o por compensación de daños morales no tiene acceso a la casación, pues corresponde a la función soberana de los tribunales de instancia sobre apreciación de la prueba ( STS 30 de abril 2010 (RJ 2010, 3770) y las que cita).

Sentencia del Tribunal Supremo núm. 101/2011 (Sala de lo Civil, Sección 1), de 4 marzo.

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