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Lunes, 07 de febrero de 2011   |  Número 3
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LEGISLACIÓN
ncrementa en 35 por ciento la documentación errónea entregada
Los proveedores sanitarios sienten inseguridad jurídica por los cambios de la Ley de Contratación Pública
Por la forma en la que los órganos de contratación de las diferentes comunidades autónomas están interpretando sus principales reglamentos

Redacción. Madrid
La modificación de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 34/2010) publicada en el BOE el pasado 5 de agosto, que entró en vigor en septiembre, ha incrementado en un 35 por ciento los errores en la documentación entregada para participar en dichos procedimientos.

Los cambios introducidos también han supuesto una complicación añadida para los Departamentos de Contratación Pública de las empresas del ámbito sanitario (compañías farmacéuticas, biotecnológicas, médicas, etc.) porque actualmente son, cada vez más frecuentes, las compras realizadas de forma centralizada por los servicios de salud.

Los proveedores de la Administración Sanitaria encuentran cierta inseguridad jurídica, motivada por la forma en la que los órganos de contratación de las diferentes comunidades autónomas están interpretando sus principales reglamentos.

A la hora de revisar los Pliegos, la Administración encuentra frecuentemente cuatro tipos de errores. Destacan las contradicciones a la hora de definir los criterios de evaluación objetivos y subjetivos, lo que puede suponer la exclusión de la licitación. Por su parte, la incertidumbre jurídica del proveedor acerca del recurso a interponer como consecuencia del régimen transitorio, puede producir su inadmisión por defecto de forma.

La falta de publicación de datos económicos en el sobre de criterios técnicos, constituye el tercer equívoco más frecuente, y también puede suponer el descarte de la licitación. Por último, la ausencia de una motivación redactada para la resolución de la adjudicación, puede llevar consigo la falta de argumentos necesarios para llevar a cabo el recurso.

En esta línea, una compañía puede dejar de vender en una comunidad autónoma durante cuatro años si, como consecuencia de un error en la inclusión de la documentación en los sobres, queda excluida de la licitación.


 

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