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Lunes, 24 de octubre de 2011   |  Número 19
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TRIBUNALES
SE PRODUJO PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD EN EL TRATAMIENTO
Los tribunales deben valorar los informes periciales en atención a la regla de la sana crítica
La realización de las pruebas con anterioridad hubiera permitido una confirmación del diagnóstico del paciente

Ricardo Martínez Platel. Madrid
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso de casación interpuesto por la viuda de un paciente fallecido y ha declarado el derecho de la recurrente a ser indemnizada por la Administración con 30.000 euros por pérdida de oportunidad.

El hombre acudió al Servicio de Urgencias de un hospital madrileño, donde se le practicaron unas pruebas y llamó la atención en el TAC la presencia de un nódulo parenquimatoso de contornos irregulares de 12 milímetros de diámetro situado periféricamente en el segmento anterior del lóbulo inferior derecho. Cuatro meses después fue visto por primera vez en el Servicio de Neumología, objetivándose la permanencia de la lesión pulmonar, que había aumentado a 18 milímetros. Después de las pruebas correspondientes se consideró irresecable y se inició el tratamiento de quimioterapia. El paciente falleció cinco meses más tarde.

Según el fallo dictado por el TSJ de Madrid, la patología neoplástica fue hallada en exploraciones realizadas por un ingreso debido a una patología hepática. Además, el hecho de haber sido trabajador de arbesto y disolventes orgánicos y tener antecedentes familiares determinaron que la actuación médica fue correcta en el momento inicial y que según el informe de la Inspección Médica el haber actuado de otra manera es una hipótesis, pero no de una realidad concreta, con lo cual la relación de causalidad y la antijuridicidad no concurrían, sin que sea posible admitir la aplicación de la doctrina de la pérdida de oportunidad.

Sin embargo, la sentencia del alto tribunal reconoce que el Informe de la Inspección Sanitaria pone de manifiesto la existencia de una mala praxis, de lo que se desprende que el fallo de instancia ha llevado a cabo una apreciación de la prueba contraria a las reglas de la sana crítica. La sentencia recoge que “es cierto que la prueba pericial practicada en sede jurisdiccional goza de mayores garantías de objetividad e independencia frente a los informes periciales emitidos a instancia de parte fuera del proceso, pero ello no debe impedir al tribunal, en atención a la regla esencial de la sana crítica, su adecuada valoración y no una mera asunción, sin más pronunciamientos”.

Así, los informes permiten concluir que concurren los requisitos definidores de la responsabilidad patrimonial de la Administración, pues el retraso de diagnóstico y la realización tardía de las pruebas que hubiesen permitido una anterior confirmación del diagnóstico, suponen una infracción de la lex artis, que ha generado una pérdida de oportunidad, ya que los resultados podrían haber sido otros. El Supremo declara que la viuda deberá ser indemnizada con 30.000 euros.
 

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