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Lunes, 26 de septiembre de 2011   |  Número 17
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EN PORTADA
FORMAN PARTE DEL Plan de Modernización de la Justicia 2009-2012
Luz verde a las leyes de jurisdicción social y de agilización procesal
Culmina así una etapa de reformas destinadas a simplificar los procesos y acortar los tiempos de respuesta de los tribunales

Redacción. Madrid
El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Medidas de Agilización Procesal y la Ley de la Jurisdicción Social, incluidas en el plan de modernización de la Justicia del ministro Francisco Caamaño.

Francisco Caamaño, ministro de Justicia.

La Ley de Jurisdicción Social acelerará la resolución de conflictos en el reconocimiento de la prestación por dependencia, al pasarse de la vía contencioso administrativa actual a tramitarse en la Jurisdicción social, según han avanzado los portavoces parlamentarios.

De esta manera, se acelerará la resolución de las demandas presentadas por las dificultades o demoras que sufren las solicitudes de estas ayudas, derivados de los problemas surgidos en la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad de las personas que requieren esta prestación. La jurisdicción social es la sede adecuada para tramitar estos litigios porque es "más ágil, más próxima y de más fácil acceso" que la jurisdicción contencioso administrativa, además de más económica", según ha explicado durante su paso por el Congreso el portavoz de CiU en la materia, Jordi Jané.

Por su parte, la Ley de Medidas de Agilización Procesal acomete reformas en las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa destinadas a simplificar los procesos y acortar los tiempos de respuesta de los tribunales, a través de la eliminación de trámites innecesarios y la racionalización del sistema de recursos.

Para la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, “las reformas aprobadas, que contaron con el apoyo e impulso del órgano de gobierno del Poder Judicial, permitirán a juzgados y tribunales mejorar el servicio público que prestan a los ciudadanos”. El CGPJ ya indicó en su preceptivo Informe que la Ley de Medidas de Agilización de la Justicia facilitará que los procesos abiertos en las jurisdicciones de lo Civil y lo Contencioso-Administrativo sean más ágiles y más rápidos, con el correspondiente ahorro de costes para las arcas públicas y sin que, en ningún caso, se mermen las garantías procesales de los usuarios de la Justicia.

Asimismo se destacaba en el citado Informe que la simplificación del sistema de recursos entre las distintas instancias judiciales no sólo reducirá el tiempo medio de espera hasta obtener una resolución firme en un proceso, sino que permitirá al Tribunal Supremo cumplir su labor específica de unificar doctrina para asegurar la igualdad de todos los ciudadanos ante la aplicación de la ley.
 

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