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Lunes, 04 de abril de 2011   |  Número 7
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actualidad
Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro, presidente de la Audiencia Provincial de Toledo
“En las agresiones al personal sanitario se debe seguir la perspectiva penal”
Un fallo del Tribunal Supremo de 2007 fue clave para la calificación que se ha otorgado a las agresiones a médicos

Ricardo Martínez Platel. Toledo
La sentencia del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2007 decidió incluir bajo la tutela penal cualquier acometimiento inferido contra funcionarios públicos de los ámbitos de la sanidad o la educación y otorgó a tales conductas la calificación jurídica de delito de atentado, tipificado en el artículo 550 y siguientes del Código Penal. Esta sentencia fue seguida por la consulta número dos de 2008 de la Fiscalía General del Estado. Desde entonces las decisiones del alto tribunal han ido encaminadas en este sentido y van más allá de lo que antes se consideraba que debía ser la protección del médico, que se seguía como una función pública, asimilada a la administrativa.

Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro, presidente de la Audiencia Provincial de Toledo.

Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro, presidente de la Audiencia Provincial de Toledo, ha señalado en una jornada sobre prevención de agresiones a los facultativos, organizada por el Colegio de Médicos de Toledo, que “el delito de atentado se castiga con una pena de uno a tres años. Lo que sucede es que cuando se trata de un hecho que no es excesivamente grave, va a llevar aparejada una pena de un año o como mucho año y medio en el caso que en el que la persona carezca de antecedentes penales, no le va a suponer el ingreso en prisión”.

Sin embargo, cuando reviste mayor gravedad, cuando las lesiones del sujeto pasivo son de relativa importancia, “los tribunales suelen rebasar el límite de los dos años, para que el delincuente primario cumpla la pena. Existe otra figura jurídica que penaliza el delito hasta con cuatro años y medio de prisión y se produce cuando el ataque a los funcionarios médicos se realiza con armas u objetos peligrosos”.

El presidente de la Audiencia Provincial de Toledo ha recordado que “cuando los facultativos ejercen la sanidad privada no se encuentran protegidos de la misma manera y en estos casos se aplican el acto punitivo de lesiones”. Cuando agreden a un médico en la sanidad pública, se trata de un delito de tendencia porque se requiere que el profesional se encuentre en el ejercicio de su cargo o con ocasión de las mismas, si no es así (como ocurre en la medicina privada) se aplica otro tipo punitivo, como es el de las lesiones.

Gutiérrez Sánchez-Caro ha asegurado que “soy de los que piensan que se debe aplicar el delito de atentado a los casos de los profesionales sanitarios y creo que debe seguirse la perspectiva penal, no la vía administrativa. Lo que importa es la función que realizan dentro del organigrama de los servicios del Estado”. La agresión al médico y la perturbación de la función pública que ejerce, cercenan el artículo 10 de la Constitución Española: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad.

En la mayoría de la jurisprudencia y doctrina que emana de las audiencias provinciales el bien jurídico protegido en los derechos de atentado es el principio de autoridad, que debe tener en cuenta la trascendencia que tienen los médicos para el cumplimiento de los fines del Estado.

 

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