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Lunes, 30 de mayo de 2011   |  Número 11
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actualidad
ASÍ LO iNTERPRETAN LA OMC Y LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS
Ninguna objeción de conciencia puede permitir al profesional de AP no informar al enfermo
El jurista Pedro Talavera afirma que un derecho constitucional prevalece sobre una ley orgánica

Redacción. Vigo
El debate suscitado por el artículo 19.2 de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, en relación al derecho de los profesionales de la Sanidad pública a la objeción de conciencia, y sobre todo, en lo que atañe a los profesionales de Atención Primaria en los que recae el deber legal de informar a la solicitante de la prestación, motivó la celebración de una conferencia-debate sobre la objeción de conciencia en Atención Primaria en el marco del XVIII Congreso Nacional de Medicina General y de Familia con la participación del presidente de la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de Orense, el doctor Fuentes Varela, y el letrado Pedro Talavera, moderada por Mercedes Correoso, médico general y de Familia del Centro de Salud Integral Almazora, en Castellón.

Pedro Talavera y Mercedes Correoso.

Las tres sociedades científicas de Atención Primaria, Semfyc, Semergen y SEMG, e incluso la Organización Médica Colegial (OMC) han considerado que el médico de un centro de salud no puede acogerse a la cláusula de conciencia en el caso de una interrupción voluntaria del embarazo, puesto que no interviene directamente en la acción, sino que su labor es puramente informativa. Por el contrario, Pedro Talavera,  del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, ha señalado que la ley no determina claramente quiénes están directamente implicados, y sí establece para los médicos de AP la obligación legal de informar a quien acude a un centro para solicitar esta intervención. Por tanto, están obligados a informar y a derivar al paciente al hospital correspondiente.

El médico de Atención Primaria también tiene derecho a acogerse a la objeción de conciencia y no tiene la obligación de informar sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, según ha explicado Talavera.

Este jurista se pregunta si alguien que tiene una obligación legal de informar, que le impone la ley, ¿puede considerarse que no está directamente implicado porque no es el que realiza la intervención quirúrgica? Según su criterio, no. “Muchos médicos de AP, con unas determinadas convicciones personales, ideológicas o religiosas no quieren cumplir esta información legal de informar”. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ya ha suspendido de forma cautelar la aplicación de la nueva normativa.

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