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Lunes, 13 de junio de 2011   |  Número 12
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SENTENCIAS COMENTADAS
Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 Málaga de 29 marzo de 2011
Objeción de conciencia al aborto

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Málaga, resuelve en el presente Auto el recurso interpuesto por un médico de familia que solicitaba la suspensión de la ejecutividad de la Resolución de fecha18 de Diciembre del 2010 dictada por la gerencia del Área Sanitaria Norte de Málaga.

Concretamente la referida Resolución resolvía entre otras que el derecho a la objeción de conciencia previsto en el articulo 19.2 Ley Orgánica 2/2010 solo ampara a los profesionales que están directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que no era el caso del profesional solicitante.

En ese sentido y dado que en el presente caso se solicita la suspensión de ejecutividad de una Resolución dictada por la gerencia del Área Sanitaria Norte de Málaga el Juzgado en primer lugar informa que: “admitiendo el limitado alcance del cauce procedimental en el que nos encontramos, que más allá de la denominación que se de a la actuación administrativa que se recurre (nota informativa o instrucción), su contenido no solo se limita - y aquí me permito discrepar con el bien construido escrito de la Letrada de la Administración Sanitaria - a poner en conocimiento unas pautas organizativas sobre el cómo proceder en materia de IVE, sino que - en la instrucción, primero, y en la nota informativa, después - va más allá, pues frente a la alegación de objeción de conciencia por el médico recurrente (que se pierde en debates gramaticales estériles desde la perspectiva jurídica con la palabra "aborto" y el acrónimo IVE), afirma que en la tarea de información y de derivación, como médico del SAS, no le alcanza el derecho a objetar por no estar directamente implicado en la IVE, que habrá que entender que es el profesional que perteneciendo a un centro público o privado acreditado lleva a cabo o dirige la IVE. Parece obvio que la dicha instrucción o nota informativa, con su pronunciamiento sobre la objeción de conciencia, trasciende el ámbito organizativo e informativo, conteniendo una decisión sobre un derecho que puede tener alcance constitucional. Desde esta perspectiva, por tanto, nos encontramos ante un acto que presenta una fuerte apariencia de tener un contenido decisorio en cuanto delimita el contenido y alcance de un derecho”.

Igualmente se remite a la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, de 11 de Abril, que al referirse a la objeción de conciencia al aborto afirma “que forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad religiosa e ideológica.../...”. Razona el presente órgano que “la persona ha de tener libertad para "indagar", para buscar entre las distintas opciones religiosas e ideológicas, sin que en ese proceso de formación de su conciencia pueda ser objeto de coacción directa o indirecta”, pero que no obstante lo anterior “Ahora bien, lo anterior no supone que el derecho a la formación de la conciencia implique el derecho a exigir la supresión de todo tipo de factores externos que sean susceptibles de condicionarlo. Significa, simplemente, y así lo dice laSTC 11/1981 (RTC 1981, 11) el derecho a exigir que tales factores no supongan en la práctica unos condicionamientos a dicho contenido esencial que lo hagan impracticable, que lo dificulten más allá de lo razonable”.

Concluye la presente resolución que, “No parece que una decisión como la ahora recurrida dificulte el proceso de formación de la conciencia sino, todo lo más, un ejercicio pleno del derecho a actuar conforme a los dictados de la conciencia libremente formada. Mas siendo lo anterior así, no puede olvidarse ni la condición de empleado público del recurrente, ni la obligación que tiene el Estado de permitir - en difícil equilibrio - la libertad de conciencia de todos los ciudadanos, facilitando la coexistencia de aquellos que han alcanzado la convicción - conciencia - de que la IVE es contraria a sus creencias ideológicas o religiosas como de los que no han llegado a tal entendimiento. Y precisamente por ese difícil equilibrio que el Estado solo puede hacer efectivo a través de las normas jurídicas y de sus empleados que las cumplen, la afectación que la decisión administrativa que ahora se recurre a la esfera de la libertad de conciencia del médico recurrente - considero que presenta una apariencia de afectación periférica a su derecho a obrar conforme a su conciencia al limitarse su quehacer a una tarea informativa y derivación de la mujer, sin estar implicado directamente en la IVE en los términos ya acotados, que sería el núcleo duro, fuerte, de su protección que no se discute no ha sido afectado. Por ello, y poniendo frente a frente esa, todo lo más, afectación periférica del ámbito de la conciencia del recurrente (su interés privado en este caso) médico del sistema público de salud, y el interés público que representa la atención adecuada en el sistema sanitario público en todos los niveles de las mujeres que desean información sobre la IVE, éste ha tener prevalencia, por lo que la pretensión cautelar ha de ser desestimada”.

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